“Una onza de prevención vale una libra de cura.” — Benjamin Franklin

MAO, VALVERDE. — Una persona huyó. Una funda quedó abandonada. Dentro, según el informe de la Policía Nacional, había suficiente material para abrir nuevamente una discusión que en las últimas semanas ha aparecido repetidamente en diferentes comunidades de Valverde: el microtráfico y su presencia en los barrios de la provincia.

La Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional informó sobre la ocupación de 960.5 gramos de un vegetal presumiblemente marihuana y 101.3 gramos de un material rocoso presumiblemente crack, durante una intervención realizada en varias pensiones del sector Pueblo Nuevo, en Mao.

Además, las autoridades reportaron la ocupación de RD$3,015 en efectivo y una cámara de vigilancia.

Pero la historia no termina en las cantidades ocupadas.

El procedimiento ocurre después de varias intervenciones policiales contra presuntos puntos de microtráfico en diferentes lugares de Valverde, incluyendo Esperanza, y pocos días después de que representantes de decenas de organizaciones comunitarias de Mao plantearan ante las autoridades preocupaciones relacionadas, entre otros asuntos, con la presunta venta de drogas en sus sectores.

Eso no demuestra, por sí solo, que el microtráfico esté aumentando en la provincia.

Sí plantea una pregunta que merece ser examinada más allá de cada decomiso individual:

¿Qué tan extendido está realmente el problema y qué ocurre después de que termina cada operativo?

UNA INTERVENCIÓN EN PUEBLO NUEVO

El procedimiento fue realizado por miembros de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, acompañados por el magistrado de Niños, Niñas y Adolescentes Ernesto Alcántara Abreu, durante una diligencia judicial desarrollada en las proximidades del Colmado Yampol, en el sector Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, una persona habría emprendido la huida al advertir la presencia policial.

La Policía sostiene que esa persona dejó abandonada una funda que contenía el material vegetal y 201 unidades de un material rocoso presumiblemente crack. El reporte establece que el material rocoso alcanzó un peso de 101.3 gramos.

La identidad de la persona que supuestamente huyó no fue especificada en la información disponible.

Tampoco corresponde todavía presentar las sustancias como drogas confirmadas.

Las autoridades informaron que serán remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar mediante análisis científicos su composición. Hasta que ese proceso concluya, deben ser descritas como sustancias presuntas o presumiblemente narcóticas.

Es una distinción pequeña en las palabras, pero fundamental en el periodismo y en el debido proceso.

DÍAS ANTES, LAS COMUNIDADES YA HABÍAN HABLADO

El operativo adquiere otro significado cuando se observa lo sucedido apenas unos días antes.

El 15 de septiembre, el director de la Dirección Regional Noroeste de la Policía Nacional, general Ramón S. Azcona Reyes, sostuvo un encuentro en Mao con representantes comunitarios para escuchar sus preocupaciones sobre seguridad ciudadana.

Participaron representantes de 47 organizaciones comunitarias, de acuerdo con el reporte publicado sobre la reunión.

Entre los problemas planteados se encontraban los robos, la necesidad de mayor patrullaje preventivo y la presunta venta de drogas en determinados sectores.

La proximidad temporal entre aquella reunión y este operativo no permite concluir que una cosa provocó directamente la otra.

Pero sí coloca sobre la mesa algo que las estadísticas de decomisos no siempre muestran: la percepción de quienes viven diariamente en los barrios.

Un punto de drogas no es únicamente una cantidad de sustancias encima de una mesa policial.

Puede convertirse en un lugar alrededor del cual aparecen motocicletas, movimientos constantes, jóvenes entrando y saliendo, conflictos entre grupos, temor de los vecinos y, en algunos casos, otros delitos.

Determinar si eso está ocurriendo de forma sistemática en Mao requiere información mucho más amplia que un solo operativo.

ESPERANZA YA HABÍA ENCENDIDO OTRA ALERTA

A pocos kilómetros de Mao, Esperanza ha vivido recientemente intervenciones similares.

El 11 de septiembre, agentes de DICRIM y de la Policía Preventiva realizaron un operativo en el sector La Fe, donde fue detenido un joven de 19 años.

De acuerdo con el reporte policial, fueron ocupadas 133 porciones de presuntas sustancias narcóticas: 78 de presunta marihuana, 54 de presunto crack y una de presunta cocaína, con un peso conjunto aproximado reportado de 141.7 gramos.

También fueron ocupados una balanza digital, un teléfono celular y RD$10,750 en efectivo.

No había sido el único procedimiento reciente en Esperanza.

El 26 de agosto, la Dirección Regional Noroeste reportó otros operativos focalizados en los sectores Buenos Aires, El Nueve y La Fe, donde las autoridades dijeron haber ocupado 109 porciones de presuntas sustancias controladas, incluyendo materiales que presumieron cocaína, marihuana y crack.

Tres días antes, el 23 de agosto, la propia Policía Nacional había informado sobre otra intervención en Esperanza en la que fueron ocupadas presuntas sustancias narcóticas, municiones, dinero y motocicletas.

En aquel procedimiento se reportaron 69 municiones calibre 9 milímetros, además de RD$21,975, US$40 y 500 gourdes haitianos.

Cada caso es jurídicamente independiente.

No existe, con la información pública revisada, evidencia suficiente para afirmar que estén conectados entre sí.

Pero la repetición de intervenciones en un período relativamente corto merece algo más que titulares separados.

Merece datos.

LOS OPERATIVOS CUENTAN UNA PARTE DE LA HISTORIA

El número de decomisos puede decir cuántas sustancias fueron ocupadas.

No necesariamente dice cuánto microtráfico existe.

Más operativos pueden producir más decomisos incluso sin que haya aumentado la cantidad de drogas circulando.

Del mismo modo, pocos decomisos no significan necesariamente que exista poco microtráfico.

Para comprender realmente el problema en Valverde habría que conocer, entre otros datos:

cuántos puntos de venta han identificado las autoridades;

cuántos han sido intervenidos;

cuántas personas han sido procesadas;

cuántos casos terminaron judicializados;

cuántos reincidentes aparecen;

qué sectores concentran las intervenciones;

y cómo han cambiado esas cifras durante los últimos años.

Sin esas estadísticas sería irresponsable declarar que Valverde vive una “epidemia” o que el problema está creciendo.

Pero sería igualmente irresponsable ignorar la frecuencia con que el tema aparece en los reportes policiales y en las preocupaciones expresadas por las comunidades.

LA PREGUNTA MÁS DIFÍCIL: ¿QUÉ PASA CON LOS JÓVENES?

Hay además una dimensión que rara vez aparece en las fotografías de los decomisos.

La edad.

En el procedimiento del 11 de septiembre en La Fe, Esperanza, el detenido tenía 19 años.

Y ahí la discusión deja de ser exclusivamente policial.

Cuando un joven termina vinculado —presuntamente y sujeto al debido proceso— a un punto de drogas, la pregunta no debe limitarse a cuánto había dentro de una mochila.

También debe preguntarse qué ocurrió antes de que llegara hasta allí.

¿Abandonó la escuela?

¿Tenía empleo?

¿Existían programas deportivos?

¿Había oportunidades de capacitación?

¿El barrio dispone de espacios culturales?

¿Las instituciones identifican a los jóvenes en riesgo antes de que aparezcan en un expediente policial?

La prevención no sustituye la persecución del delito.

Pero perseguir el delito sin prevenir el próximo caso puede convertirse en una carrera interminable.

DECOMISAR NO ES LO MISMO QUE RESOLVER

La intervención de Pueblo Nuevo produjo una cifra llamativa: más de un kilo de materiales que las autoridades consideran posiblemente narcóticos.

Ahora corresponde al INACIF determinar qué contienen realmente esas sustancias y a los investigadores establecer responsabilidades.

Pero para Mao, Esperanza y el resto de Valverde queda una conversación mucho más grande.

Una provincia no derrota el microtráfico únicamente recogiendo fundas abandonadas después de que alguien corre.

Lo enfrenta también identificando quién abastece los puntos, siguiendo el dinero, procesando correctamente los casos y reduciendo las condiciones que permiten que nuevos vendedores sustituyan a quienes fueron detenidos.

Y necesita algo todavía más difícil de medir:

evitar que el próximo muchacho de 18 o 19 años termine entrando en ese circuito.

Los recientes procedimientos en Mao y Esperanza no permiten afirmar por sí solos que el microtráfico esté aumentando.

Pero sí justifican hacer una pregunta que Esperanza33 continuará siguiendo:

¿estamos viendo operativos aislados o las señales visibles de un problema provincial que todavía no hemos medido completamente?

La respuesta no debería depender de rumores.

Debería encontrarse en los datos.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” — Nelson Mandela

MAO, VALVERDE. — En una provincia donde esta misma semana el Gobierno inauguró una nueva infraestructura educativa y habló de espacios dignos para los estudiantes, un grupo de docentes colocó sobre la mesa otra cara del sistema escolar: aulas que, según denuncian, todavía enfrentan deficiencias, limitaciones de recursos y dificultades que afectan el trabajo cotidiano de maestros y alumnos.

La corriente magisterial Fuerza Magisterial expresó el 18 de septiembre su preocupación por las condiciones de la educación en Mao y reclamó al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) respuestas ante diversas necesidades que asegura persisten en centros de la zona.

Durante una rueda de prensa, Manuel Aracena, representante de la organización en Mao, señaló específicamente deficiencias en las aulas, falta de recursos y dificultades relacionadas con la llegada de talleristas a los centros educativos.

Aracena también reclamó el cumplimiento de pagos de incentivos y retributivos correspondientes a docentes, según el reporte difundido por Telenovisa 43.

Las declaraciones representan, por ahora, denuncias de la organización magisterial. No constituyen por sí solas una evaluación oficial de todos los centros educativos de Mao, y Esperanza33 no encontró una respuesta pública específica del MINERD dirigida a las reclamaciones planteadas en esa rueda de prensa.

Pero las acusaciones abren preguntas que trascienden cualquier organización sindical o corriente política.

¿En qué condiciones están funcionando actualmente las escuelas de Mao?

¿Cuáles centros presentan las deficiencias señaladas?

¿Qué recursos necesitan?

¿Cuántos docentes esperan incentivos o pagos pendientes?

Y, sobre todo, ¿qué impacto tienen esas dificultades sobre los estudiantes?

DOS IMÁGENES DE LA EDUCACIÓN EN UNA MISMA SEMANA

La denuncia ocurrió apenas dos días después de una actividad oficial que mostró una imagen distinta del sector educativo en Mao.

El miércoles 16 de septiembre, el Gobierno entregó el techado del Centro Educativo en Artes Profesor Juan de Jesús Reyes, ubicado en el sector Sibilia.

La obra representó una inversión oficial de RD$28,129,576.77 y, según el Ministerio de Educación, beneficiará directamente a 545 estudiantes, además de comunidades de 13 sectores cercanos.

Durante la inauguración, autoridades educativas señalaron que el nuevo espacio permitirá desarrollar actividades deportivas, culturales y artísticas y contribuirá al desarrollo integral de los estudiantes.

Ambos acontecimientos pueden coexistir.

La construcción de una nueva infraestructura no significa necesariamente que hayan desaparecido todas las necesidades del sistema escolar.

Y una denuncia sobre problemas en determinados centros tampoco significa que no se estén realizando inversiones educativas.

Precisamente por eso, la discusión requiere algo más que discursos: datos, nombres de escuelas, inversiones, necesidades pendientes y plazos de solución.

EL PROBLEMA NACIONAL QUE TAMBIÉN TOCA LAS PROVINCIAS

Las preocupaciones expresadas en Mao llegan pocas semanas después del inicio del año escolar 2026-2027.

A finales de agosto, la coordinación nacional de Fuerza Magisterial había denunciado problemas relacionados con entrega incompleta de útiles, necesidad de aulas, mantenimiento y otras carencias en diferentes localidades del país. La organización reconoció que algunos materiales sí habían sido distribuidos, pero sostuvo que existían comunidades donde la entrega no estaba completa.

Esas denuncias nacionales tampoco pueden trasladarse automáticamente a Mao sin documentación específica.

Pero muestran que la discusión local forma parte de un debate educativo más amplio: cómo garantizar que la inversión presupuestaria termine reflejándose en las condiciones reales dentro de cada escuela.

En Valverde, esa pregunta adquiere especial importancia porque la educación pública conecta diariamente a miles de familias de Mao, Esperanza, Laguna Salada y sus distritos municipales.

Una deficiencia escolar no termina en la puerta del plantel.

Cuando falta un espacio adecuado, personal, materiales o servicios esenciales, las consecuencias pueden alcanzar al estudiante, al maestro y finalmente a toda la familia.

LA PREGUNTA NO ES SOLO CUÁNTO SE INVIERTE

Las cifras de inversión pública permiten medir una parte de la política educativa.

Pero no toda.

La inauguración de un techado por más de RD$28 millones puede representar una mejora concreta para cientos de estudiantes.

Al mismo tiempo, las denuncias planteadas por docentes obligan a observar lo que sucede dentro de otros centros que no aparecen en inauguraciones ni actos oficiales.

La verdadera fotografía de la educación provincial requiere ambas cosas.

Requiere conocer lo que se construye.

Pero también lo que falta.

Cuántas aulas necesitan reparación.

Cuáles planteles tienen problemas de espacio.

Qué personal hace falta.

Qué recursos reciben las escuelas.

Qué pagos están pendientes.

Y cuánto tiempo tarda el sistema en responder cuando una comunidad educativa reporta un problema.

DE LA DENUNCIA A LOS DATOS

Para que la discusión avance, las reclamaciones planteadas en Mao necesitarán ahora mayor precisión.

Identificar los centros afectados permitiría verificar físicamente cada situación.

Determinar la cantidad de estudiantes involucrados permitiría establecer la dimensión del problema.

Y conocer la posición de la Regional Educativa 09 de Mao y del Ministerio de Educación permitiría saber cuáles de esas necesidades están reconocidas, presupuestadas o en proceso de solución.

El propio MINERD mantiene en Mao la estructura administrativa de la Regional 09 y en septiembre registró un proceso para el alquiler del inmueble destinado a alojar sus oficinas administrativas.

Eso hace que muchas de las respuestas puedan buscarse directamente en la provincia.

La educación rara vez se deteriora por un solo gran problema.

Con frecuencia lo hace mediante pequeñas deficiencias acumuladas: un aula pendiente, un recurso que no llega, personal insuficiente, una reparación aplazada o un pago que permanece sin resolver.

Y también puede mejorar de la misma manera: escuela por escuela, aula por aula y problema por problema.

En Mao, Fuerza Magisterial ha hecho públicas sus reclamaciones.

Las autoridades, por su parte, muestran inversiones recientes.

Ahora queda el paso que permite separar la percepción de la evidencia:

identificar cada problema, verificarlo y establecer cuándo será resuelto.

Para las familias de Valverde, esa probablemente sea la información que más importa.

Porque al final de cualquier debate sobre educación, la medida fundamental no está en una rueda de prensa ni en una ceremonia inaugural.

Está dentro del aula.

“La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.” — Abraham Lincoln

MAO, VALVERDE. — Antes de que llegue 2027, una comunidad de Mao ya comenzó a decidir dónde quiere ver parte de la inversión municipal del próximo año.

Durante la segunda Asamblea del Presupuesto Participativo Municipal 2027, residentes vinculados a la Junta de Vecinos Héctor Rodríguez (FILANDE), del sector Yerba de Guinea Norte, seleccionaron tres necesidades concretas para su comunidad: aceras, contenes y badenes.

Para esas intervenciones fue anunciado un monto de RD$1,260,000, de acuerdo con información publicada el 18 de septiembre sobre el proceso desarrollado en Mao.

A primera vista puede parecer una noticia pequeña: una reunión comunitaria, tres tipos de obras y poco más de un millón de pesos.

Pero detrás de esa asamblea existe una cuestión mucho mayor: quién decide qué necesita primero un barrio cuando el dinero público nunca alcanza para resolverlo todo al mismo tiempo.

CUANDO EL VECINO TAMBIÉN PARTICIPA EN EL PRESUPUESTO

El Presupuesto Participativo Municipal no es simplemente una reunión organizada por una alcaldía.

La Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios establece este mecanismo para que los ciudadanos participen en la discusión, elaboración y seguimiento de una parte de la inversión municipal. La legislación contempla asambleas comunitarias, encuentros por sectores o bloques y posteriormente un Cabildo Abierto o Asamblea Municipal donde se consolida el Plan de Inversión Municipal.

En otras palabras, la idea es sencilla aunque su ejecución puede ser compleja: la comunidad identifica el problema, establece prioridades y participa posteriormente en la vigilancia de aquello que fue acordado.

La propia ley dispone además mecanismos de seguimiento y control ciudadano y establece que el Plan de Inversión decidido mediante el proceso de Presupuesto Participativo debe incorporarse al presupuesto municipal correspondiente.

Eso convierte cada asamblea en algo más que una conversación entre vecinos.

Representa el comienzo de una cadena que debería continuar con presupuesto, planificación, ejecución, supervisión y rendición de cuentas.

RD$1.26 MILLONES Y TRES NECESIDADES MUY BÁSICAS

En Yerba de Guinea Norte, los residentes optaron por algo que forma parte de la vida cotidiana de cualquier barrio: aceras para caminar, contenes para organizar y proteger las vías y badenes para manejar determinados puntos de circulación y drenaje.

No se anunciaron grandes edificaciones.

No se habló de proyectos monumentales.

La prioridad seleccionada estuvo en infraestructura barrial básica.

Y precisamente ahí puede encontrarse una de las características más importantes del presupuesto participativo: permitir que las necesidades vistas todos los días por quienes viven en una comunidad lleguen hasta la mesa donde se distribuyen recursos públicos.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre seleccionar una obra y verla terminada.

La verdadera medida del proceso llegará después: cuando pueda comprobarse que los proyectos priorizados fueron presupuestados correctamente, contratados, ejecutados dentro de las condiciones establecidas y finalmente entregados a la comunidad.

Y EN ESPERANZA, ¿QUÉ PODEMOS MIRAR?

La experiencia de Mao inevitablemente dirige la mirada hacia municipios vecinos.

Entre ellos, Esperanza.

Los registros públicos muestran que el municipio cuenta con su propio reglamento de Presupuesto Participativo Municipal y que durante el proceso correspondiente a 2026 realizó asambleas, un Cabildo Abierto y documentación de prefactibilidad y selección de obras.

Además, una certificación del Concejo de Regidores establece que el 17 de diciembre de 2025 fue aprobado un monto de RD$5 millones para cinco obras del Presupuesto Participativo de Esperanza correspondientes a 2026.

Ese antecedente hace que, mientras Mao comienza a divulgar decisiones relacionadas con 2027, aparezcan preguntas legítimas para el próximo ciclo de Esperanza:

¿Cuánto dinero será destinado al Presupuesto Participativo 2027?

¿Qué comunidades participarán?

¿Cuáles sectores presentarán sus necesidades?

¿Qué obras serán priorizadas?

Y, quizás todavía más importante:

¿En qué estado se encuentran las obras que las comunidades de Esperanza escogieron anteriormente?

No se trata de establecer una competencia entre dos ayuntamientos.

Se trata de algo más básico: seguir el recorrido del dinero público desde el momento en que una comunidad levanta la mano para pedir una obra hasta el día en que esa obra realmente queda terminada.

LA PARTICIPACIÓN NO TERMINA CUANDO ACABA LA REUNIÓN

La Ley 176-07 contempla precisamente esa segunda parte.

Los ciudadanos pueden participar mediante comités de seguimiento y control destinados a supervisar la ejecución de los proyectos y conocer aspectos relacionados con presupuestos, cubicaciones e informes de avance.

Por eso, una asamblea comunitaria puede ser el principio de la historia, pero nunca debería ser el final.

En Mao, Yerba de Guinea Norte ya expresó qué quiere priorizar con RD$1.26 millones.

Ahora comienza otra etapa: convertir esas decisiones en obras verificables.

Y para el resto de Valverde —incluido Esperanza— el proceso plantea una pregunta que debería acompañar cada peso destinado al desarrollo municipal:

¿Lo que decidió la comunidad terminó convirtiéndose en realidad?

Esperanza33 continuará siguiendo los procesos de Presupuesto Participativo de los municipios de Valverde, las obras aprobadas, los montos asignados y su nivel de ejecución.