Actualidad
AQUÍ EL DOCUMENTO | EL IAD CEDE 2,098.49 METROS DE “TIERRAS RARAS” AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
“Los documentos oficiales no solo certifican hechos; también revelan silencios.”
Por Wilson Abreu
Municipio de Esperanza
Un documento firmado por el Instituto Agrario Dominicano (IAD) certifica la cesión de 2,098.49 metros cuadrados de terreno al Ministerio de Educación, a través del Distrito Educativo 09-02 de Esperanza, con el propósito explícito de ampliar la Escuela Primaria Elsa Cabrera. La certificación, suscrita por el licenciado Ediberto R. Jiménez, encargado de la División Provincial de Valverde, detalla que el área se encuentra dentro de la parcela catastral 01 del D.C. #2 de Esperanza, conforme a un plano levantado por el agrimensor Giovanny H. Mendoza Pérez.
El texto, sin embargo, deja preguntas abiertas. No consigna fechas precisas de cesión ni describe colindantes, elementos habituales en actos administrativos de esta naturaleza. Aun así, el IAD fundamenta su derecho de propiedad en el Decreto 25-90 del Poder Ejecutivo, de enero de 1990, y aclara que el proceso de titulación permanece en trámite.
La referencia a la Escuela Elsa Cabrera ha llevado a presumir que estos terrenos calificados por sectores locales como “tierras raras” podrían corresponder a áreas históricamente vinculadas a otras dependencias del Estado. En la práctica, el Ministerio de Educación y otras entidades públicas evitan construir en espacios con conflictos de posesión o indefiniciones legales, una norma no escrita que busca prevenir litigios y paralizaciones.
De hecho, informaciones extraoficiales señalan que el MINERD habría desistido del uso y ocupación del terreno mencionado. Si ese retiro se confirmó, la pregunta que emerge no es menor: si esos más de dos mil metros cuadrados fueron cercados o apropiados, ¿quién se atribuyó esa potestad y bajo qué respaldo legal?
El documento certifica una intención administrativa; la realidad del terreno, en cambio, parece contar otra historia. Entre decretos, planos y procesos inconclusos, la comunidad de Esperanza observa cómo una cesión destinada a la educación pública se convierte en un expediente de interrogantes. En el fondo, el caso ilustra una verdad recurrente en la gestión del suelo público: cuando la documentación calla, la incertidumbre ocupa el espacio.