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CORTE FEDERAL DE NUEVA YORK CONDENA A LA JCE A PAGAR MÁS DE US$895 MIL A EMPRESA ESTADOUNIDENSE
“Cuando una institución pública ignora la justicia, el silencio termina convirtiéndose en una sentencia.”
La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana fue condenada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a pagar más de US$895 mil a la empresa estadounidense Latin Events, LLC, tras comprobarse el incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con servicios logísticos prestados en actividades institucionales desarrolladas en el extranjero.
La decisión fue emitida mediante la sentencia núm. 1:25-CV-02830-PKC, fechada el 21 de noviembre de 2025, en la que el tribunal federal ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 por concepto de capital adeudado, además de intereses calculados conforme al promedio semanal del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos publicados por la Reserva Federal. A la fecha, esos intereses ascienden a aproximadamente US$57,370.00.
Según determinó el tribunal, Latin Events, LLC cumplió íntegramente con los servicios acordados, mientras que la JCE incumplió con la obligación de pago asumida contractualmente. Los trabajos estaban vinculados a operaciones logísticas realizadas fuera de territorio dominicano en el marco de actividades institucionales organizadas por el órgano electoral.
Uno de los elementos más delicados del caso fue que la sentencia fue dictada en rebeldía, luego de que la Junta Central Electoral no compareciera ante la corte ni ejerciera defensa formal durante el proceso judicial. De acuerdo con la resolución, la entidad tampoco presentó recurso alguno dentro de los plazos establecidos por la legislación del Estado de Nueva York, permitiendo que la decisión adquiriera carácter definitivo en la jurisdicción estadounidense.
El fallo coloca nuevamente bajo escrutinio internacional la gestión contractual y jurídica de instituciones públicas dominicanas que operan o realizan acuerdos en el extranjero, especialmente en escenarios donde intervienen cortes federales estadounidenses con jurisdicción sobre obligaciones comerciales internacionales.
La sentencia también podría abrir interrogantes sobre posibles mecanismos de ejecución y recuperación de fondos, así como sobre la responsabilidad administrativa derivada de la ausencia de representación legal efectiva por parte de la JCE durante el litigio.
Hasta el momento, la Junta Central Electoral no ha emitido una posición pública detallada sobre el alcance de la condena ni sobre las medidas que adoptará frente al fallo emitido por la justicia federal estadounidense.