CUANDO EL PODER SE CONFUNDE CON PROPIEDAD: EL ESCÁNDALO DE LOS TERRENOS QUE SACUDE A ESPERANZA

“El abuso no siempre grita; a veces se firma en silencio.”

La reciente sentencia del Tribunal de Tierras de Valverde no cerró un conflicto: lo encendió. Lo que parecía un trámite judicial terminó exponiendo una herida abierta en el municipio de Esperanza, donde la línea entre autoridad pública e intereses privados se percibe cada vez más borrosa.

Las imágenes que circulan documentos oficiales y escenas de delimitación de terrenos han provocado indignación. No por lo que el tribunal decidió, sino por lo que la ciudadanía interpreta: un uso del poder que, a ojos del pueblo, huele a apropiación moral de lo que pertenece a todos.

El problema no es únicamente jurídico. El problema es ético.

Cuando una alcaldía aparece vinculada, directa o indirectamente, a disputas de terrenos municipales, la carga de la prueba no recae en los ciudadanos. Recae en quienes gobiernan. Y el silencio institucional en medio de la controversia solo alimenta sospechas.

Esperanza no discute metros cuadrados. Discute confianza. Discute respeto. Discute si el poder municipal existe para proteger bienes públicos o para moverse en zonas grises donde lo familiar, lo político y lo territorial se entrelazan peligrosamente.

No se trata de rumores. Se trata de percepción pública, y la percepción pública es un termómetro implacable. Cuando un pueblo comienza a sentir que sus espacios están siendo manejados como si fueran patrimonio privado, la autoridad pierde legitimidad aunque conserve cargos.

Una sentencia puede declarar inadmisible un recurso. Pero ninguna sentencia puede declarar inadmisible la indignación ciudadana.

La pregunta que queda flotando sobre Esperanza es simple y devastadora:
¿Quién vigila a quienes administran lo que es de todos?