CUANDO WASHINGTON HABLA, EL MUNDO DIGITAL ESCUCHA

“En la nueva economía, los impuestos ya no solo se cobran en las aduanas: también se disputan en las nubes, en las pantallas y en los algoritmos.”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a colocar al comercio mundial frente a una línea roja: cualquier país que imponga impuestos a los servicios digitales de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses podría enfrentar, de manera inmediata, un arancel del 100% sobre todos los bienes que envíe al mercado norteamericano.

La advertencia no es menor. En el lenguaje de Washington, un arancel de esa magnitud no es simplemente una medida económica: es una señal de poder. Es la forma en que la Casa Blanca recuerda que, en la era digital, Netflix, Google, Meta, Amazon, Uber, Airbnb y otras plataformas ya no son solo empresas privadas. Son parte del músculo económico, tecnológico y geopolítico de los Estados Unidos.

Trump fue categórico: la medida prevalecería sobre cualquier acuerdo comercial previo, firmado, pactado o en proceso de implementación. En otras palabras, ningún tratado estaría por encima de la defensa de las tecnológicas estadounidenses si otro país decide gravarlas de manera directa.

El mensaje cae en un momento delicado para Europa. El reciente entendimiento comercial entre Washington y la Unión Europea buscaba reducir a cero los aranceles para productos norteamericanos, mientras mantenía un gravamen del 15% para numerosos bienes europeos. Pero la advertencia de Trump introduce una nueva condición no escrita: quien toque fiscalmente a las tecnológicas estadounidenses, también tocará la puerta de una represalia comercial.

Y es ahí donde la República Dominicana debe mirar con atención.

Mientras el tablero global se agita, la Dirección General de Impuestos Internos avanza en una propuesta para aplicar un 18% de ITBIS a plataformas digitales extranjeras que ofrecen servicios consumidos en territorio dominicano. La medida alcanzaría servicios de streaming, transporte, alojamiento, publicidad digital, comercio electrónico y otras operaciones realizadas por compañías internacionales.

Netflix, Uber, Airbnb, Facebook y otras plataformas aparecen en el centro de una discusión que ya no es solamente tributaria. Es una discusión sobre soberanía fiscal, competitividad, costo de vida, relación diplomática y lectura estratégica del momento internacional.

El Gobierno dominicano sostiene que el consumo digital realizado dentro del país debe tributar bajo el principio de destino: si el servicio se consume en República Dominicana, debe generar obligaciones fiscales en República Dominicana. El argumento tiene lógica recaudatoria. Las empresas locales pagan impuestos; las plataformas globales, dicen las autoridades, no deberían operar como si el territorio dominicano fuera una zona libre digital.

Pero ahora el dilema cambia de escala.

Porque una cosa es diseñar una política fiscal interna, y otra muy distinta es hacerlo en medio de una advertencia directa del presidente estadounidense contra los países que graven a sus empresas tecnológicas. República Dominicana no está discutiendo este tema en el vacío. Lo hace en un mundo donde los impuestos digitales se han convertido en una nueva frontera de conflicto entre Estados, corporaciones y mercados.

A esto se suma una confusión pública que debe ser separada con precisión. La Ley 30-26, según aclaró el Ministerio de Hacienda y Economía, no crea nuevos impuestos sobre las suscripciones digitales de los ciudadanos. Al contrario, reduce de 27% a 15% la retención que pagan empresas dominicanas cuando contratan ciertos servicios tecnológicos en el exterior, como software, publicidad digital, licencias y almacenamiento en la nube.

Son dos frentes distintos: por un lado, un alivio fiscal para empresas locales que compran tecnología fuera del país; por el otro, una propuesta de la DGII para cobrar ITBIS a plataformas digitales extranjeras por servicios consumidos en suelo dominicano.

La pregunta de fondo ya no es solo si República Dominicana puede cobrar ese impuesto. La pregunta es si debe hacerlo ahora, bajo qué condiciones, con qué diseño técnico y con qué lectura diplomática frente a Washington.

Porque si la amenaza de Trump se convierte en política ejecutable, los países pequeños tendrán que decidir entre dos presiones: la necesidad legítima de recaudar en la economía digital y el riesgo de quedar atrapados en una guerra comercial diseñada por potencias.

República Dominicana debe actuar con inteligencia, no con improvisación. Defender su soberanía tributaria no significa ignorar el peso de su relación con Estados Unidos. Y cuidar esa relación no significa renunciar al derecho de organizar su sistema fiscal.

El país necesita claridad, prudencia y estrategia. No puede confundir una política tributaria moderna con una provocación innecesaria. Tampoco puede permitir que las grandes plataformas operen eternamente sin reglas, mientras los contribuyentes nacionales cargan solos con el peso del sistema.

Lo que está en juego no es solamente el precio de una suscripción. Es la capacidad del Estado dominicano para entender que la economía digital ya no vive en una pantalla separada del poder político. Vive en el corazón mismo del comercio global.

Y cuando Washington amenaza con cerrar la puerta, los países pequeños deben aprender a negociar antes de que el golpe llegue a la aduana.

Hoy, la República Dominicana tiene una decisión sensible sobre la mesa: avanzar, pausar, renegociar o rediseñar.

Pero lo que no puede hacer es actuar como si no hubiera escuchado.