DE LA VOZ QUE INCOMODA Y EL SILENCIO QUE DUELE EN ESPERANZA

“Cuando la verdad estorba a la ambición, el silencio se vuelve la forma más cómoda de la injusticia.”

Hay momentos en la vida cívica de un pueblo en los que la prudencia se confunde con el miedo y el respeto se convierte en mordaza. Momentos en los que personas honestas, con ideas claras y propuestas sensatas para proteger los bienes comunes, terminan por cansancio o por presión metiéndose la lengua debajo del sobaco. No porque les falte razón, sino porque sobra mala fe.

En Esperanza, ese fenómeno no es nuevo. Se repite cada vez que un grupo organizado, amparado en etiquetas políticas o comunitarias, espera la mínima ventaja para imponer un objetivo que poco tiene de colectivo y mucho de cálculo personal. Así, una idea magnífica para salvaguardar terrenos, patrimonios y la dignidad misma del municipio termina siendo atacada no por su contenido, sino por la sospecha que otros siembran alrededor de quien la propone.

El daño es doble. Primero, porque se desacredita al individuo. Segundo, porque se castiga al pueblo, que pierde oportunidades de orden, transparencia y desarrollo. Cuando alguien dentro de un partido o un grupo falla, se señala a todos por igual; y esa generalización injusta se convierte en arma para callar a quienes no tienen nada que ocultar.

En ese contexto, resulta inevitable recordar la trayectoria del comunicador y agente social César Gutiérrez, quien por años ha levantado la voz en defensa de los bienes municipales. Durante la gestión del alcalde Nao Mena, su postura fue firme frente a decisiones que, aun siendo legales en apariencia, carecían de una visión integral de desarrollo. El caso del terreno destinado a la Junta Central Electoral es apenas un ejemplo: allí donde podían planificarse múltiples obras de interés comunitario, prevalecieron ambiciones individuales por encima del proyecto de ciudad.

Hoy, la historia parece repetirse. Gutiérrez es atacado por plantear la creación de una Comisión de la Verdad en Esperanza. Su propuesta no nace de un cálculo político, sino de una preocupación social: evitar que los recursos del municipio sigan dilapidándose; impedir que las pocas propiedades inmobiliarias, edificaciones y áreas de dominio público continúen pasando, mediante deslindes cuestionables, a manos de particulares; alertar sobre tierras que podrían terminar en poder de desaprensivos.

La idea es clara y, sobre todo, razonable: una comisión integrada por personas sin antecedentes de invasiones, negocios ilícitos ni actos reñidos con la ley; ciudadanos con autoridad moral para revisar, alertar y proteger. No es una cacería de brujas. Es un llamado preventivo.

La legislación dominicana respalda ese espíritu. El principio de que los bienes de dominio público son inalienables y están destinados al interés general atraviesa nuestro ordenamiento jurídico municipal y constitucional. La Ley de Municipios y las normas sobre patrimonio público obligan a las autoridades y por extensión a la ciudadanía vigilante a proteger lo que pertenece a todos. Callar ante indicios de irregularidades no es neutralidad; es complicidad pasiva.

Por eso, cuando un munícipe levanta la voz y otros responden con ataques personales, el problema no es quien alerta, sino aquello que se intenta ocultar. Si la comunidad decide conformarse con los grupos que maquinan para apropiarse de lo que es común, que lo haga con plena conciencia. Pero que no se castigue a quien, sin más poder que su palabra, advierte y documenta.

Esperanza no necesita más silencios incómodos ni lenguas escondidas. Necesita debate, vigilancia y coraje cívico. Porque un pueblo que aprende a callar frente a la injusticia termina, tarde o temprano, pagando el precio de haberlo permitido.