DENUNCIA CONTRA INAPA SACUDE A COMERCIANTE EN ESPERANZA, VALVERDE

“La justicia no consiste en exigir lo indebido, sino en proteger lo correcto.”

En el municipio de Esperanza, provincia Valverde, una denuncia pública ha puesto en el centro del debate la transparencia en la gestión de los servicios básicos. Daysi Leclerc, propietaria del establecimiento comercial The Scarlet Styles 2da, ha acusado al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) de exigir el pago de una deuda que, según afirma, no le corresponde.

El conflicto surge en medio del proceso de formalización del contrato de agua para su negocio, inaugurado en diciembre de 2025. De acuerdo con Leclerc, la institución condiciona dicho trámite al pago de una factura atrasada que figura a nombre de un individuo identificado como Humberto Bueno, una persona que asegura no conocer y con la que no guarda relación alguna.

La comerciante sostiene que el documento presenta inconsistencias significativas: carece de número de cédula, contiene una dirección incorrecta y omite detalles esenciales como el período en que se habría generado la supuesta deuda. Estas irregularidades, afirma, refuerzan su decisión de rechazar el cobro.

El caso adquiere mayor complejidad al considerar que, según el testimonio de la propietaria, el vendedor del local le aseguró que todos los servicios estaban al día al momento de la adquisición. A esto se suma que vecinos del área también desconocen la identidad vinculada a la factura, lo que profundiza las dudas sobre la legitimidad del reclamo.

Pese a sus objeciones, Leclerc denuncia que desde INAPA se le ha advertido sobre la posible suspensión del servicio de agua si no realiza el pago exigido, así como la negativa de formalizar el contrato bajo las condiciones actuales. Para una pequeña empresaria, esta situación no solo representa un obstáculo administrativo, sino una amenaza directa a la operatividad de su negocio.

Ante este escenario, la afectada hace un llamado a las autoridades para que investiguen el caso y esclarezcan los hechos. En la misma línea, la plataforma informativa Esperanza33 ha instado públicamente a Pedro Víctor Vargas, director regional de INAPA, a intervenir y ofrecer una respuesta clara ante lo que califican como una práctica injusta: el cobro de deudas no reconocidas como condición para acceder a un servicio esencial.

Más allá de un caso individual, la denuncia abre interrogantes sobre los mecanismos de control, verificación y responsabilidad institucional en la gestión de servicios públicos. En comunidades donde el emprendimiento local representa una vía clave de desarrollo, situaciones como esta plantean una pregunta fundamental: ¿quién protege al ciudadano cuando el sistema falla?