DEUDA, SILENCIO Y EL PRECIO DEL FUTURO DOMINICANO

“Las deudas no solo se heredan en cifras: también se transmiten en oportunidades perdidas.”

Entre 2020 y 2025, la República Dominicana ha recorrido un camino económico marcado por un endeudamiento acelerado que hoy pesa como una sombra larga sobre su porvenir. Bajo el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la deuda pública ha alcanzado alrededor de 61,600 millones de dólares, cerca del 48 % del Producto Interno Bruto. En 2023, el país tomó más de 9,200 millones de dólares en préstamos, una cifra récord que, por sí sola, resume la magnitud del giro fiscal.

La pregunta que emerge inevitable, incómoda no es solo cuánto se debe, sino cómo y para qué se ha llegado hasta aquí.

La República Dominicana no cuenta con un entramado robusto de empresas estatales productivas que generen ingresos sostenidos. No posee una industria pública estratégica que amortigüe choques externos o financie el desarrollo. El Estado depende, en gran medida, de los impuestos que recaen sobre la población: consumo, trabajo, pequeñas y medianas empresas. En ese contexto, el endeudamiento masivo no es solo una herramienta financiera; es una apuesta de alto riesgo.

Porque endeudarse no es, por definición, un pecado económico. Lo es cuando se convierte en hábito. Lo es cuando no se traduce en infraestructuras que transformen la productividad, en servicios públicos que eleven la calidad de vida, en reformas que amplíen la base económica del país. Y, sobre todo, lo es cuando se acumula más deuda en cinco años que en largos tramos de la historia nacional, sin un relato claro y verificable de retorno social.

El malestar que recorre las conversaciones cotidianas no es una abstracción técnica. Es la sensación de que se está hipotecando el mañana para sostener el hoy. De que las próximas generaciones nuestros hijos, nuestros nietos cargarán con compromisos que no contrajeron y beneficios que quizás no verán. De que el Estado, columna vertebral de la nación, se maneja a veces como una cuenta personal con crédito ilimitado.

Surge entonces otra pregunta, aún más punzante: ¿cree el poder que la ciudadanía no entiende? ¿Que no ve? ¿Que no conecta el aumento de la deuda con la fragilidad de los servicios, con los escándalos que asoman en instituciones clave, con la desconfianza que se instala cuando la rendición de cuentas llega tarde o no llega?

Pero el señalamiento no puede detenerse en el Ejecutivo. Hay una corresponsabilidad silenciosa y por eso más grave en el Congreso. Senadores y diputados que aprueban préstamos día tras día, sin debate profundo, sin pedagogía pública, sin explicar al país por qué endeudarse es inevitable o cómo se pagará. La democracia no se reduce a levantar la mano; exige hablar, disentir, justificar.

Cuando un Estado colapsa fiscalmente, no lo hace en soledad. Colapsan los hospitales, las escuelas, la seguridad, la confianza. Colapsa el pacto social que sostiene a una nación.

La historia enseña que las crisis de deuda no comienzan con una explosión, sino con una normalización: la del silencio, la de la prisa, la de la costumbre de pedir prestado. Aún hay tiempo para corregir el rumbo, para explicar con claridad, para frenar y reordenar. Pero ese tiempo no es infinito.

Porque la deuda, al final, no se paga solo con dinero. Se paga con futuro.