El imperio de turbas o vida social democrática.

Por César Gutiérrez

Un trágico hecho ocurrido recientemente en Santiago de los Caballeros ha reavivado el debate sobre los límites entre la justicia social y el peligroso avance de prácticas cercanas al llamado “imperio de turbas”.

La víctima, el pastor evangélico Deivi Carlos Abreu Quezada, quien además se desempeñaba como chofer de un camión recolector de basura que prestaba servicios de manera subsidiaria a la Alcaldía de Santiago, falleció tras ser atacado con armas blancas por un grupo de motoristas. El hecho ha causado consternación en la comunidad, no solo por la violencia del ataque, sino por las consecuencias familiares: dejó en la orfandad a cinco hijos, dos de ellos menores de edad.

Este suceso ha sido interpretado por diversos sectores como una señal de alarma ante el resurgimiento de conductas colectivas que sustituyen el debido proceso por acciones impulsivas, violentas y sin control institucional. La preocupación gira en torno a la posibilidad de que grupos informales asuman funciones que corresponden exclusivamente a las autoridades del Estado, debilitando así los principios de una vida social democrática.

No es la primera vez que este tipo de dinámicas genera inquietud en la región. Durante la década de los años 90, en el municipio de Esperanza, se registraron prácticas similares, donde grupos de motoristas perseguían a personas consideradas sospechosas. Tras ser interceptadas, muchas eran golpeadas y sometidas a tratos degradantes antes de ser entregadas a la Policía Nacional. Según testimonios de la época, estas personas, lejos de encontrar protección, eran víctimas de nuevas violaciones a sus derechos, incluyendo presuntos actos de extorsión para recuperar su libertad.

Especialistas en temas sociales y de seguridad advierten que estos patrones reflejan una peligrosa erosión del Estado de derecho, en la que la justicia se desvirtúa y se convierte en una herramienta de violencia colectiva. Señalan que cuando la ciudadanía pierde confianza en las instituciones, surgen estos mecanismos paralelos que, lejos de resolver los problemas, profundizan la inseguridad y la injusticia.

El caso de Abreu Quezada pone en evidencia la urgencia de fortalecer las instituciones, garantizar el respeto al debido proceso y promover una cultura de convivencia basada en la ley y el respeto mutuo. Mientras tanto, la sociedad dominicana se enfrenta a una disyuntiva crucial: consolidar una vida social democrática o permitir el avance de prácticas que recuerdan al imperio de las turbas