“La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos.” — Cicerón

LAGUNA SALADA, VALVERDE. — Hay obras públicas que se inauguran pensando en el movimiento: carreteras para viajar, escuelas para aprender, hospitales para sanar y parques para reunirse.

La que acaba de abrir sus puertas en Laguna Salada fue construida para uno de los momentos en que una familia menos desea tener que pensar en infraestructura.

La muerte.

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, EGEHID, inauguró una funeraria municipal construida con una inversión total de RD$12,393,036.72, concebida como un espacio público donde las familias puedan velar y despedir a sus seres queridos en condiciones adecuadas, especialmente cuando no disponen de instalaciones privadas.

La obra puede parecer modesta frente a las grandes cifras que regularmente acompañan carreteras, hospitales o proyectos energéticos.

Pero su significado revela algo que rara vez ocupa titulares nacionales: la pobreza también puede determinar cómo una familia vive el duelo.

Y en un municipio como Laguna Salada, contar con un lugar público para despedir a un familiar puede significar la diferencia entre atravesar uno de los momentos más dolorosos de la vida con cierta tranquilidad o tener que sumar preocupaciones económicas y logísticas a la pérdida.

RD$12.3 MILLONES Y DOS VÍAS DE FINANCIAMIENTO

Según la información oficial publicada por EGEHID, la inversión fue dividida en dos componentes.

RD$7,994,541.28 corresponden a trabajos ejecutados por el contratista, mientras otros RD$4,398,495.44 fueron invertidos mediante un acuerdo con la Alcaldía de Laguna Salada.

Eso suma exactamente los RD$12,393,036.72 informados como costo total.

La institución describe una edificación construida con muros de bloques y elementos estructurales de hormigón armado, entregada completamente amueblada y climatizada.

Pero detrás de esos números existe otra discusión que debería acompañar cualquier inversión pública:

¿Qué recibió exactamente la comunidad por esos RD$12.3 millones?

UNA CAPILLA, RECEPCIÓN Y ESPACIO PARA PREPARAR LOS CUERPOS

La nueva funeraria incluye una capilla, recepción, oficina administrativa con baño propio y un cuarto destinado a la preparación.

También posee una pequeña cocina equipada con gabinetes de aluminio y superficie de granito, dos baños públicos, estacionamiento, cisterna y caseta de bombeo.

Los trabajos incluyeron además terminaciones e impermeabilización del techo.

No se trata, por tanto, simplemente de un salón con sillas.

Es una infraestructura preparada para realizar buena parte de las funciones necesarias durante un velatorio.

La pregunta que comienza después de la inauguración es quién garantizará que esas condiciones permanezcan dentro de cinco, diez o veinte años.

Porque construir un edificio público suele ser más fácil que mantenerlo.

UNA OBRA PARA EL MOMENTO EN QUE LAS FAMILIAS SON MÁS VULNERABLES

Durante la entrega, la gobernadora provincial de Valverde, Marta Collado, presentó la instalación como una respuesta a una necesidad esencial de las familias.

La funcionaria sostuvo que, cuando llega la pérdida de un ser querido, conseguir un lugar apropiado para despedirlo no debería convertirse en una preocupación adicional.

Ese argumento explica parte del valor social de una funeraria municipal.

Una muerte puede generar gastos inesperados: ataúd, preparación del cuerpo, transporte, cementerio, alimentación, trámites y espacio para recibir familiares y amigos.

Para hogares con recursos limitados, cada uno de esos costos aumenta la presión financiera precisamente cuando las personas están menos preparadas emocionalmente para manejarla.

Una instalación municipal no elimina esos gastos.

Pero puede reducir uno de ellos.

Y, sobre todo, puede proporcionar un espacio digno sin obligar a todas las familias a recurrir exclusivamente al mercado privado.

EGEHID MÁS ALLÁ DE LAS HIDROELÉCTRICAS

La participación de EGEHID también merece atención.

La empresa estatal existe fundamentalmente para producir y administrar generación hidroeléctrica, pero desde hace años desarrolla proyectos sociales y comunitarios en diferentes provincias.

La inauguración de Laguna Salada forma parte de esa actividad de inversión social.

De hecho, el mismo 8 de septiembre EGEHID informó de la entrega de un centro comunal en Los Ingenitos, Santiago Rodríguez, construido con una inversión de RD$20.8 millones.

Eso abre una discusión legítima sobre la función de las empresas públicas.

¿Hasta dónde debe extenderse la inversión social de una empresa energética?

¿Quién decide qué comunidades y qué proyectos reciben esos recursos?

¿Y cómo se determina que una funeraria, un centro comunal, una carretera u otra infraestructura constituye la mejor utilización posible del dinero disponible?

No son preguntas que desacrediten necesariamente la obra.

Son precisamente las preguntas que deben acompañar el gasto público.

LAS AUTORIDADES EN LA INAUGURACIÓN

El acto contó con una representación política considerable.

Participaron los subadministradores de EGEHID Miguel Vásquez y Máximo Gómez, la gobernadora Marta Collado, el senador por Valverde Odalis Rafael Rodríguez, el alcalde de Laguna Salada Germán Rodríguez, legisladores y otras autoridades.

La presencia de tantos funcionarios demuestra la relevancia política concedida al proyecto.

Pero la medida real de su importancia no estará en la ceremonia.

Estará en lo que ocurra después.

DESPUÉS DE LAS FOTOS VIENE EL MANTENIMIENTO

Una funeraria necesita electricidad para mantener la climatización.

Necesita agua.

Limpieza.

Personal.

Seguridad.

Mantenimiento de mobiliario.

Reparaciones.

Administración.

Y reglas claras para determinar quién puede utilizarla, cuánto cuesta —si existe alguna tarifa—, cómo se reservan los espacios y qué ocurre cuando varias familias requieren el servicio simultáneamente.

La información oficial revisada por Esperanza33 describe ampliamente la infraestructura y la inversión, pero no detalla en esas publicaciones el modelo operativo futuro, las tarifas para los usuarios, el presupuesto anual de mantenimiento ni las condiciones específicas para acceder al servicio.

Esos datos deberían ser públicos.

No porque exista evidencia de irregularidades, sino porque la transparencia permite que una buena obra siga siendo buena cuando termina la inauguración.

EL NÚMERO TAMBIÉN MERECE SER EXPLICADO

RD$12,393,036.72 es una cifra considerable.

Por eso sería útil que la ciudadanía pueda conocer, además del costo global informado, el desglose completo del proyecto.

Cuánto costó la construcción.

Cuánto el mobiliario.

Cuánto la climatización.

Cuánto los sistemas hidráulicos.

Cuánto la preparación del terreno.

Quién fue el contratista.

Cuál fue el procedimiento de contratación.

Cuándo comenzaron los trabajos.

Y si el proyecto terminó dentro del presupuesto originalmente contratado.

La nota oficial de EGEHID sí identifica cuánto correspondió al contratista y cuánto al acuerdo con la Alcaldía, pero no ofrece en su publicación un desglose detallado de cada partida ni identifica allí al contratista por nombre.

Publicar esos documentos no debería interpretarse como una acusación.

Debería ser parte normal de la relación entre el Estado y los ciudadanos que financian al Estado.

UNA OBRA QUE SERÁ MEDIDA EN LOS DÍAS MÁS DIFÍCILES

Las fotografías de inauguraciones suelen mostrar cintas, funcionarios, discursos y edificios recién pintados.

La verdadera historia de esta funeraria comenzará cuando desaparezcan las cámaras.

Cuando una familia de Laguna Salada reciba una llamada inesperada.

Cuando muera un padre.

Una madre.

Un abuelo.

Un hijo.

Y alguien tenga que comenzar, en medio del dolor, a resolver todo aquello que la muerte obliga a resolver inmediatamente.

Entonces los RD$12.3 millones dejarán de ser solamente una cifra presupuestaria.

Se convertirán en una capilla disponible.

En una habitación climatizada.

En unas sillas para familiares que llevan horas sin dormir.

En agua.

En baños.

En un lugar donde recibir a vecinos.

En unas horas para despedirse.

Y quizá sea precisamente allí donde esta obra encuentre su medida más importante.

No en cuánto costó construirla, aunque la ciudadanía tiene derecho a conocer cada peso invertido.

Sino en cuántas familias de Laguna Salada podrán enfrentar uno de los momentos más difíciles de sus vidas sin tener que preguntarse, además, dónde despedirán a sus muertos.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” — Nelson Mandela

MAO, VALVERDE. — La disputa comenzó dentro de una organización de maestros, pero las acusaciones que ahora circulan en Mao han colocado sobre la mesa una pregunta que rebasa ampliamente las paredes de las escuelas: ¿qué ocurre cuando quienes deben fiscalizar al poder son acusados de acercarse demasiado a él?

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, una de las expresiones internas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), denunció esta semana que sectores del Gobierno estarían intentando debilitar la independencia de la filial del sindicato en Mao mediante la captación de algunos de sus dirigentes.

El señalamiento más grave recae directamente sobre Ángel Valdez González, presidente municipal de la ADP en Mao, y otros dirigentes locales, a quienes la corriente acusa de haber antepuesto supuestos intereses personales a las responsabilidades que asumieron frente al magisterio.

Son acusaciones serias.

Pero, hasta ahora, siguen siendo acusaciones.

Las publicaciones revisadas por Esperanza33 no presentan documentación independiente que demuestre que haya existido pago, soborno o entrega de beneficios a cambio de modificar la posición sindical de los dirigentes señalados. Tampoco encontramos, hasta este viernes 11 de septiembre, una respuesta pública reciente de Valdez González o del Gobierno que conteste específicamente estas imputaciones.

Esa ausencia de pruebas públicas y de una respuesta de los acusados convierte esta historia en algo que exige más investigación, no menos.

UNA PALABRA PARTICULARMENTE GRAVE: “COMPRAR”

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte utilizó un lenguaje poco ambiguo.

En su pronunciamiento sostuvo que el Estado habría “asaltado” la ADP local y acusó al Gobierno de “comprar” a dirigentes sindicales. También comparó lo que asegura estar ocurriendo dentro del sindicato con las prácticas de transfuguismo que se observan en la política partidaria.

Rosa Abreu, identificada como dirigente de la corriente magisterial, fue más lejos al sostener que el supuesto uso de cargos y recursos públicos para atraer dirigentes constituiría una forma de corrupción y podría afectar los principios de la carrera docente.

La organización reclama, en esencia, que la ADP preserve independencia suficiente para cuestionar al mismo Estado con el que inevitablemente debe negociar.

Ese equilibrio nunca ha sido sencillo.

El Ministerio de Educación administra las escuelas, emplea a los docentes y decide buena parte de las políticas que determinan su vida profesional.

La ADP representa a muchos de esos mismos trabajadores.

Gobierno y sindicato, por tanto, necesitan hablar.

Pero también necesitan conservar distancia.

LA DIFERENCIA ENTRE NEGOCIAR Y SER CONTROLADO

Una organización sindical no pierde automáticamente su independencia porque dialogue con el Gobierno.

De hecho, negociar es parte esencial de su función.

Los dirigentes sindicales tienen que sentarse con las autoridades para discutir salarios, incentivos, concursos, nombramientos, condiciones laborales, infraestructura y decenas de problemas cotidianos de las escuelas.

La frontera problemática aparece cuando la colaboración institucional se convierte —o parece convertirse— en subordinación.

Esa es precisamente la frontera que la Corriente Juan Pablo Duarte asegura que se habría cruzado en Mao.

Pero demostrarlo requiere algo más que declaraciones.

¿Se otorgaron cargos?

¿A quiénes?

¿Cuándo?

¿Existió alguna condición vinculada a esos nombramientos?

¿Cambió posteriormente la posición de la filial sindical sobre algún conflicto concreto?

¿Existen comunicaciones, documentos administrativos o testimonios que permitan establecer esa relación?

Sin respuestas verificables a preguntas como esas, la acusación continuará siendo una denuncia política y sindical, no un hecho probado.

UN CONFLICTO QUE NO NACIÓ AYER

La relación entre la filial de la ADP de Mao y las autoridades educativas tiene antecedentes.

En noviembre de 2024, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación informó de un proceso de mediación entre la Regional Educativa 09 y la seccional de la ADP en Mao relacionado con la escuela Juan Isidro Pérez.

En aquel proceso participaron la entonces directora regional y Ángel Valdez, ya identificado por el Ministerio como presidente municipal de la ADP. Como resultado de las conversaciones, los estudiantes regresaron a clases y se tomaron medidas administrativas para garantizar el funcionamiento del plantel.

Ese antecedente muestra algo importante: hablar con las autoridades no constituye por sí solo evidencia de subordinación.

La pregunta actual es diferente.

La corriente denunciante sostiene que se habría producido una relación basada en beneficios y posiciones públicas.

Eso es lo que tendría que probarse.

DETRÁS DE LA PELEA SINDICAL ESTÁ LA ESCUELA

Existe también un riesgo de que la batalla entre dirigentes termine ocultando precisamente aquello que todos aseguran defender.

Los estudiantes.

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte viene denunciando problemas nacionales relacionados con falta de aulas, cupos escolares y retrasos en incentivos derivados de la evaluación del desempeño docente.

En julio, antes del inicio del año escolar 2026-2027, la organización advirtió que miles de profesores continuaban pendientes de resultados definitivos y pagos relacionados con esa evaluación, al tiempo que persistían preocupaciones sobre la disponibilidad de espacios escolares.

Esos asuntos son verificables y afectan directamente a las familias.

Por eso el conflicto de Mao importa más allá del nombre de un presidente sindical.

Si la ADP está dividida internamente, la pregunta es si esas divisiones reducen su capacidad de representar efectivamente a los docentes.

Y si las autoridades educativas son acusadas de intervenir en las organizaciones que deben fiscalizarlas, entonces la obligación de transparencia debería ser todavía mayor.

LOS MAESTROS MERECEN ALGO MÁS QUE DOS VERSIONES ENFRENTADAS

En la política dominicana es frecuente que una denuncia produzca inmediatamente dos trincheras.

Un grupo la acepta como verdad.

El otro la descarta como ataque político.

Pero entre ambas posiciones existe un lugar mucho más útil: la evidencia.

La Corriente Juan Pablo Duarte tiene la responsabilidad de presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones.

Los dirigentes mencionados tienen derecho a responder.

Y las autoridades educativas deberían explicar claramente si algunos dirigentes de la ADP de Mao han recibido nombramientos, promociones u otras posiciones durante el período cuestionado y bajo qué procedimientos fueron concedidos.

La transparencia beneficiaría incluso a quienes han sido señalados.

Porque cuando una acusación de esta naturaleza queda flotando sin documentos ni respuestas, el daño termina alcanzando a toda la institución.

LA INDEPENDENCIA SINDICAL NO ES UN DETALLE

Los sindicatos existen, entre otras razones, porque el trabajador individual difícilmente posee frente al Estado o a un empleador el mismo poder que obtiene cuando actúa colectivamente.

Por eso su independencia es esencial.

Pero independencia tampoco significa confrontación permanente.

Un buen sindicato puede negociar.

Puede llegar a acuerdos.

Puede reconocer decisiones correctas del Gobierno.

Y puede colaborar con las autoridades cuando esa colaboración favorece a los estudiantes y profesores.

Lo que no debería hacer es permitir que beneficios particulares determinen las posiciones que corresponden a una organización colectiva.

Si eso ocurrió en Mao, debe demostrarse.

Si no ocurrió, quienes han sido acusados merecen la oportunidad de demostrarlo.

EN MAO, AHORA HACE FALTA ALGO MÁS QUE ACUSACIONES

La controversia ha colocado al presidente de la ADP local bajo escrutinio y ha abierto un debate incómodo sobre las relaciones entre poder político y representación sindical.

Pero todavía faltan piezas importantes.

Falta escuchar formalmente a los acusados.

Falta conocer la respuesta de las autoridades.

Y, principalmente, faltan evidencias públicas capaces de convertir afirmaciones en hechos comprobables.

Para los maestros de Mao, esa distinción debería importar.

Porque el sindicato que los representa no pertenece a una corriente magisterial, a un partido político ni al Gobierno de turno.

Pertenece a sus afiliados.

Y si existe una crisis de confianza dentro de la organización, resolverla requiere algo más poderoso que cualquier comunicado:

documentos, transparencia y rendición de cuentas.

Porque una escuela puede enseñar democracia dentro de un libro.

Pero las instituciones que la rodean tienen la responsabilidad de demostrar cómo funciona en la práctica.

“La luz del sol es el mejor desinfectante.” Louis D. Brandeis

Durante décadas, Nuria Piera ha construido una influyente carrera periodística investigando a funcionarios públicos, empresarios, iglesias, pastores, instituciones y otras figuras con poder económico o social. Su trabajo ha contribuido a colocar asuntos sensibles en el debate nacional y a recordar que, en una democracia, quienes administran recursos o ejercen influencia deben estar dispuestos a rendir cuentas.

Ese mismo principio, sin embargo, no puede funcionar en una sola dirección.

En los últimos días ha circulado una imagen que atribuye a Piera o a empresas vinculadas con ella contratos con distintas instituciones del Estado dominicano por un monto total superior a RD$77 millones. La gráfica, por sí sola, no demuestra irregularidades ni permite establecer con certeza quién recibió cada pago, bajo qué razón social, durante qué período o mediante cuáles procedimientos de contratación.

Precisamente por eso, antes de convertir una publicación viral en una sentencia, corresponde formular preguntas claras y exigir documentos verificables.

¿Son auténticos esos contratos? ¿Qué empresas o personas aparecen oficialmente como beneficiarias? ¿Cuándo fueron adjudicados? ¿Se realizaron mediante licitaciones, comparaciones de precios, contrataciones directas o procedimientos de excepción? ¿Cuáles servicios fueron prestados? ¿Qué resultados recibió el Estado dominicano a cambio de esos recursos?

Preguntar no equivale a condenar.

Si los contratos fueron obtenidos conforme a la ley, mediante procedimientos transparentes y con servicios comprobables, su explicación pública debería contribuir a despejar dudas, no a generar confrontaciones. Una relación contractual legítima con el Estado no constituye, por sí misma, una falta ética o un acto de corrupción. Los medios de comunicación y las empresas privadas pueden prestar servicios a instituciones públicas siempre que cumplan las normas, declaren posibles conflictos de interés y permitan verificar el trabajo realizado.

Pero también es cierto que quienes investigan permanentemente a otros tienen una responsabilidad especial frente a la ciudadanía. El periodismo de investigación obtiene buena parte de su autoridad moral de la independencia, la coherencia y la disposición a someterse a los mismos estándares que exige.

La transparencia no puede convertirse en una herramienta utilizada únicamente contra adversarios, instituciones religiosas, dirigentes políticos o empresarios cuestionados. Debe aplicarse también a periodistas, medios de comunicación, organizaciones civiles y a cualquier persona o empresa que reciba fondos públicos.

Esto no significa desconocer el trabajo profesional de Nuria Piera ni intentar desacreditar su trayectoria. Tampoco sería responsable afirmar que existe una irregularidad sin haber examinado contratos, órdenes de compra, facturas, informes de ejecución y registros oficiales.

Significa defender un principio democrático elemental: todo uso de los recursos del Estado debe poder explicarse.

La respuesta adecuada no debe ser el insulto, la persecución ni la celebración anticipada de una acusación. Debe ser la publicación de la documentación correspondiente: nombres de las empresas contratadas, montos efectivamente pagados, servicios entregados, procedimientos utilizados y resultados obtenidos.

La confianza pública no se sostiene solamente denunciando a los demás. También se construye respondiendo cuando las preguntas llegan a nuestra propia puerta.

Si la información difundida es incorrecta, debe ser desmentida con pruebas. Si es correcta y los contratos fueron legales, debe explicarse su naturaleza. Y si existiera alguna irregularidad, correspondería a las autoridades competentes investigarla con independencia y debido proceso.

En una democracia saludable, nadie debería estar por encima del escrutinio público. Ni los funcionarios. Ni los empresarios. Ni las iglesias. Ni los periodistas.

La transparencia, para ser verdadera, tiene que ser para todos, sin privilegios, silencios selectivos ni excepciones.