EL TERRENO SE ENTREGÓ ANTES DE TENER PERMISO

“Cuando el papel corre más rápido que la ley, la historia termina escrita con tinta de sospecha.”

Los esperanceños merecen saberlo con claridad, sin rodeos y sin tecnicismos que escondan la verdad: las tierras donde funcionó el Ingenio Esperanza y donde hoy opera la zona franca de Esperanza fueron objeto de una operación que, por lo menos en el papel, nació torcida.

Según los documentos oficiales, el 19 de julio del año 2004 se firmó un contrato de permuta lo que en la práctica equivale a una venta o dación en pago mediante el cual terrenos vinculados al antiguo Ingenio Esperanza pasaron a otras manos. El contrato fue suscrito por el entonces director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el ingeniero Víctor Manuel Báez, actuando en nombre del Estado dominicano.

Hasta ahí, el hecho podría parecer una transacción más entre instituciones del Estado. Pero al revisar los propios documentos que acompañan ese contrato, aparece un detalle que lo cambia todo: el fundamento legal de esa operación era un “Poder Especial” otorgado por el presidente de la República, Hipólito Mejía, fechado el 10 de agosto de 2004.

Es decir, el contrato se firmó el 19 de julio… y el poder que supuestamente lo autorizaba fue emitido el 10 de agosto, más de veinte días después.

La cronología no cuadra. No es una discusión política ni una interpretación ideológica: es simple calendario. Primero se firmó, después se autorizó. O, dicho de otro modo, se ejecutó un acto sin tener todavía el poder legal que lo sustentara.

Los documentos muestran con detalle las parcelas involucradas, los metros cuadrados, los valores asignados y las firmas que validaron la operación. Se habla de permutas valoradas en más de 37 millones de pesos, de terrenos en el Distrito Nacional, en San Cristóbal y en Esperanza, intercambiados entre el Estado a través del CEA y el Banco de Reservas. Todo quedó formalmente notariado, sellado y enviado a las instancias correspondientes.

Pero nadie ni abogados, ni jueces, ni autoridades de la época detuvo el proceso por una razón elemental: el acto se firmó sin que existiera aún el poder que lo hacía legal.

La prisa era tan grande que ni siquiera se guardó la apariencia. No se cuidó la secuencia mínima que exige cualquier operación pública: primero la autorización, luego la firma. Aquí ocurrió al revés. Y aun así, el expediente caminó, se aprobó, se archivó y se convirtió en realidad.

Así fue como se materializó una operación que hoy muchos consideran dolosa: porque no nace de un simple error administrativo, sino de una voluntad clara de ejecutar algo aun sabiendo que el soporte legal todavía no existía.

Las tierras del Ingenio Esperanza no son un punto cualquiera en el mapa. Son parte de la memoria económica y social del municipio. Allí trabajaron generaciones, allí se levantaron sueños, y hoy allí funciona una zona franca que sostiene empleos y familias. Por eso, la forma en que esas tierras cambiaron de estatus no es un tema menor: es un asunto de dignidad histórica.

Los esperanceños no están obligados a callar ante documentos que se contradicen a sí mismos. Cuando una firma va delante de la ley, no estamos ante un simple descuido: estamos ante una señal de que algo se quiso hacer rápido, antes de que alguien pudiera detenerlo.

La historia está escrita en los papeles. Solo hace falta leerlos en el orden correcto. Y cuando se hace, la conclusión es inevitable: primero se repartió el terreno; después se buscó cómo justificarlo.