EN DEFENSA DEL CRUCE DE ESPERANZA

“Cuando lo público se negocia en silencio, la democracia habla en voz baja.”

En ejercicio de sus funciones constitucionales, los regidores de la oposición pertenecientes a los bloques del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) han hecho pública su posición frente al uso de los terrenos del Cruce de Esperanza, asumiendo su deber de fiscalización y representación ciudadana.

La comunicación, difundida inicialmente por la regidora Esmailin Rodríguez en redes sociales y respaldada por otros ediles, no es un simple pronunciamiento político: es una advertencia institucional. En ella, los regidores afirman su compromiso con la defensa del patrimonio municipal y con el principio de que los bienes que pertenecen a todos no pueden ser manejados como si fueran propiedad privada de unos pocos.

Desde el inicio del documento, los firmantes dejan clara su postura: la gestión municipal debe actuar siempre del lado de la legalidad, la justicia y el interés colectivo. No se trata de una disputa partidaria, aseguran, sino de una responsabilidad con la ciudadanía que los eligió.

El eje central del mensaje gira en torno a los terrenos del Cruce de Esperanza. Los regidores expresan su rechazo a cualquier uso que no responda al interés general del municipio. Señalan que estos espacios, al ser de dominio municipal, deben destinarse exclusivamente a obras y proyectos que beneficien a toda la población, no a iniciativas que favorezcan intereses individuales, políticos o económicos.

En un tono firme, el documento advierte que ningún terreno municipal debe ser entregado a partidos políticos, personas con poder económico ni grupos privilegiados. Tales acciones afirman serían graves y lesivas para el patrimonio del municipio de Esperanza.

La comunicación también subraya que cualquier decisión sobre estos terrenos debe ajustarse estrictamente al marco legal y contar con el consenso de la comunidad. La transparencia y la participación ciudadana no son, según los ediles, elementos decorativos del discurso democrático, sino condiciones indispensables para gobernar correctamente.

Más allá del caso específico del Cruce de Esperanza, el texto revela una preocupación más profunda: el manejo de los recursos públicos en un contexto donde la desconfianza ciudadana crece cuando las decisiones se toman sin explicación ni consulta.

El documento concluye con un llamado directo a la población: mantenerse informada, vigilante, exigir transparencia y respaldar toda iniciativa que garantice el uso justo y correcto de los bienes municipales. En otras palabras, no delegar completamente la democracia, sino ejercerla.

En un municipio donde cada metro de tierra pública representa una oportunidad para el desarrollo o una tentación para el abuso, la posición de estos regidores marca una línea: el patrimonio municipal no se negocia, se protege. Y la fiscalización, lejos de ser un estorbo, es la base mínima de una gestión que quiera llamarse democrática.