EN ESPERANZA, UNA BRECHA QUE NO SE EXPLICA

“La injusticia no siempre grita; a veces susurra en una nómina.”

En la vida pública hay decisiones que se justifican con cifras, leyes y procedimientos. Y hay otras que, aun cuando se escondan entre papeles administrativos, dejan ver algo más profundo: una forma de entender el poder y el valor que se le da a las personas.

En el municipio de Esperanza, una situación ha comenzado a llamar la atención de ciudadanos, líderes comunitarios y observadores de la vida municipal: el salario de la vicealcaldesa ha sido reducido en al menos 10,000 pesos mensuales por debajo de lo que establece la ley.

La Ley 176-07, que rige los municipios de la República Dominicana, es clara. En su Artículo 89 establece que los funcionarios municipales tienen derecho a recibir una retribución por el ejercicio de sus funciones. Y en su Párrafo I precisa que el vice-síndico o vice-síndica debe devengar “hasta el sesenta por ciento (60%) del que le corresponda al síndico o síndica”.

Si el salario del alcalde es de 125,000 pesos mensuales, el 60% que permite la ley equivale a unos 75,000 pesos. Sin embargo, según los datos que se muestran en la gráfica que circula públicamente, a la vicealcaldesa solo se le están entregando 65,000 pesos mensuales. La diferencia: unos 10,000 pesos cada mes.

No se trata solo de una resta matemática. Se trata de una pregunta política, ética y social: ¿por qué no se está cumpliendo el tope legal permitido? ¿Qué criterio se usó para fijar ese monto? ¿Y qué se ha hecho o se está haciendo con el dinero que no se le paga?

La situación cobra un matiz aún más delicado cuando se observa desde la perspectiva de género. En un país donde las mujeres han tenido que luchar históricamente por reconocimiento, respeto y equidad, reducir el salario de una funcionaria electa puede ser leído como algo más que una decisión administrativa: puede percibirse como un acto de desprecio simbólico, una señal de que su rol vale menos.

Nadie discute que la ley dice “hasta” el 60%. Pero cuando se baja de ese límite, la autoridad tiene la responsabilidad moral y política de explicar por qué. El silencio, en estos casos, no es neutral: genera sospecha.

La ciudadanía no pide milagros. Pide cuentas claras. Quiere saber si la reducción responde a una decisión presupuestaria justificada, a un acuerdo interno transparente, o a una simple voluntad unilateral. Y quiere saber, con la misma claridad, qué destino tiene ese dinero que no llega al bolsillo de quien, por ley y por elección popular, debería recibirlo.

La democracia local no se construye solo con elecciones. Se sostiene con transparencia, respeto y equidad. Y cuando uno de esos pilares se debilita, aunque sea por 10,000 pesos, lo que está en juego no es solo un salario: es la confianza de todo un pueblo.