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EN MAO, UNA DENUNCIA DE INTERFERENCIA POLÍTICA ABRE UNA DISPUTA SOBRE QUIÉN CONTROLA LA VOZ DE LOS MAESTROS
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” — Nelson Mandela
MAO, VALVERDE. — La disputa comenzó dentro de una organización de maestros, pero las acusaciones que ahora circulan en Mao han colocado sobre la mesa una pregunta que rebasa ampliamente las paredes de las escuelas: ¿qué ocurre cuando quienes deben fiscalizar al poder son acusados de acercarse demasiado a él?
La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, una de las expresiones internas de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), denunció esta semana que sectores del Gobierno estarían intentando debilitar la independencia de la filial del sindicato en Mao mediante la captación de algunos de sus dirigentes.
El señalamiento más grave recae directamente sobre Ángel Valdez González, presidente municipal de la ADP en Mao, y otros dirigentes locales, a quienes la corriente acusa de haber antepuesto supuestos intereses personales a las responsabilidades que asumieron frente al magisterio.
Son acusaciones serias.
Pero, hasta ahora, siguen siendo acusaciones.
Las publicaciones revisadas por Esperanza33 no presentan documentación independiente que demuestre que haya existido pago, soborno o entrega de beneficios a cambio de modificar la posición sindical de los dirigentes señalados. Tampoco encontramos, hasta este viernes 11 de septiembre, una respuesta pública reciente de Valdez González o del Gobierno que conteste específicamente estas imputaciones.
Esa ausencia de pruebas públicas y de una respuesta de los acusados convierte esta historia en algo que exige más investigación, no menos.
UNA PALABRA PARTICULARMENTE GRAVE: “COMPRAR”
La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte utilizó un lenguaje poco ambiguo.
En su pronunciamiento sostuvo que el Estado habría “asaltado” la ADP local y acusó al Gobierno de “comprar” a dirigentes sindicales. También comparó lo que asegura estar ocurriendo dentro del sindicato con las prácticas de transfuguismo que se observan en la política partidaria.
Rosa Abreu, identificada como dirigente de la corriente magisterial, fue más lejos al sostener que el supuesto uso de cargos y recursos públicos para atraer dirigentes constituiría una forma de corrupción y podría afectar los principios de la carrera docente.
La organización reclama, en esencia, que la ADP preserve independencia suficiente para cuestionar al mismo Estado con el que inevitablemente debe negociar.
Ese equilibrio nunca ha sido sencillo.
El Ministerio de Educación administra las escuelas, emplea a los docentes y decide buena parte de las políticas que determinan su vida profesional.
La ADP representa a muchos de esos mismos trabajadores.
Gobierno y sindicato, por tanto, necesitan hablar.
Pero también necesitan conservar distancia.
LA DIFERENCIA ENTRE NEGOCIAR Y SER CONTROLADO
Una organización sindical no pierde automáticamente su independencia porque dialogue con el Gobierno.
De hecho, negociar es parte esencial de su función.
Los dirigentes sindicales tienen que sentarse con las autoridades para discutir salarios, incentivos, concursos, nombramientos, condiciones laborales, infraestructura y decenas de problemas cotidianos de las escuelas.
La frontera problemática aparece cuando la colaboración institucional se convierte —o parece convertirse— en subordinación.
Esa es precisamente la frontera que la Corriente Juan Pablo Duarte asegura que se habría cruzado en Mao.
Pero demostrarlo requiere algo más que declaraciones.
¿Se otorgaron cargos?
¿A quiénes?
¿Cuándo?
¿Existió alguna condición vinculada a esos nombramientos?
¿Cambió posteriormente la posición de la filial sindical sobre algún conflicto concreto?
¿Existen comunicaciones, documentos administrativos o testimonios que permitan establecer esa relación?
Sin respuestas verificables a preguntas como esas, la acusación continuará siendo una denuncia política y sindical, no un hecho probado.
UN CONFLICTO QUE NO NACIÓ AYER
La relación entre la filial de la ADP de Mao y las autoridades educativas tiene antecedentes.
En noviembre de 2024, por ejemplo, el propio Ministerio de Educación informó de un proceso de mediación entre la Regional Educativa 09 y la seccional de la ADP en Mao relacionado con la escuela Juan Isidro Pérez.
En aquel proceso participaron la entonces directora regional y Ángel Valdez, ya identificado por el Ministerio como presidente municipal de la ADP. Como resultado de las conversaciones, los estudiantes regresaron a clases y se tomaron medidas administrativas para garantizar el funcionamiento del plantel.
Ese antecedente muestra algo importante: hablar con las autoridades no constituye por sí solo evidencia de subordinación.
La pregunta actual es diferente.
La corriente denunciante sostiene que se habría producido una relación basada en beneficios y posiciones públicas.
Eso es lo que tendría que probarse.
DETRÁS DE LA PELEA SINDICAL ESTÁ LA ESCUELA
Existe también un riesgo de que la batalla entre dirigentes termine ocultando precisamente aquello que todos aseguran defender.
Los estudiantes.
La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte viene denunciando problemas nacionales relacionados con falta de aulas, cupos escolares y retrasos en incentivos derivados de la evaluación del desempeño docente.
En julio, antes del inicio del año escolar 2026-2027, la organización advirtió que miles de profesores continuaban pendientes de resultados definitivos y pagos relacionados con esa evaluación, al tiempo que persistían preocupaciones sobre la disponibilidad de espacios escolares.
Esos asuntos son verificables y afectan directamente a las familias.
Por eso el conflicto de Mao importa más allá del nombre de un presidente sindical.
Si la ADP está dividida internamente, la pregunta es si esas divisiones reducen su capacidad de representar efectivamente a los docentes.
Y si las autoridades educativas son acusadas de intervenir en las organizaciones que deben fiscalizarlas, entonces la obligación de transparencia debería ser todavía mayor.
LOS MAESTROS MERECEN ALGO MÁS QUE DOS VERSIONES ENFRENTADAS
En la política dominicana es frecuente que una denuncia produzca inmediatamente dos trincheras.
Un grupo la acepta como verdad.
El otro la descarta como ataque político.
Pero entre ambas posiciones existe un lugar mucho más útil: la evidencia.
La Corriente Juan Pablo Duarte tiene la responsabilidad de presentar las pruebas que sustenten sus acusaciones.
Los dirigentes mencionados tienen derecho a responder.
Y las autoridades educativas deberían explicar claramente si algunos dirigentes de la ADP de Mao han recibido nombramientos, promociones u otras posiciones durante el período cuestionado y bajo qué procedimientos fueron concedidos.
La transparencia beneficiaría incluso a quienes han sido señalados.
Porque cuando una acusación de esta naturaleza queda flotando sin documentos ni respuestas, el daño termina alcanzando a toda la institución.
LA INDEPENDENCIA SINDICAL NO ES UN DETALLE
Los sindicatos existen, entre otras razones, porque el trabajador individual difícilmente posee frente al Estado o a un empleador el mismo poder que obtiene cuando actúa colectivamente.
Por eso su independencia es esencial.
Pero independencia tampoco significa confrontación permanente.
Un buen sindicato puede negociar.
Puede llegar a acuerdos.
Puede reconocer decisiones correctas del Gobierno.
Y puede colaborar con las autoridades cuando esa colaboración favorece a los estudiantes y profesores.
Lo que no debería hacer es permitir que beneficios particulares determinen las posiciones que corresponden a una organización colectiva.
Si eso ocurrió en Mao, debe demostrarse.
Si no ocurrió, quienes han sido acusados merecen la oportunidad de demostrarlo.
EN MAO, AHORA HACE FALTA ALGO MÁS QUE ACUSACIONES
La controversia ha colocado al presidente de la ADP local bajo escrutinio y ha abierto un debate incómodo sobre las relaciones entre poder político y representación sindical.
Pero todavía faltan piezas importantes.
Falta escuchar formalmente a los acusados.
Falta conocer la respuesta de las autoridades.
Y, principalmente, faltan evidencias públicas capaces de convertir afirmaciones en hechos comprobables.
Para los maestros de Mao, esa distinción debería importar.
Porque el sindicato que los representa no pertenece a una corriente magisterial, a un partido político ni al Gobierno de turno.
Pertenece a sus afiliados.
Y si existe una crisis de confianza dentro de la organización, resolverla requiere algo más poderoso que cualquier comunicado:
documentos, transparencia y rendición de cuentas.
Porque una escuela puede enseñar democracia dentro de un libro.
Pero las instituciones que la rodean tienen la responsabilidad de demostrar cómo funciona en la práctica.