ESPERANZA MARCHA POR EL PROFESOR MIGUEL SOLÍS MIENTRAS LA JUSTICIA INTENTA RESPONDER UNA PREGUNTA MÁS DIFÍCIL

“La injusticia en cualquier lugar es una amenaza a la justicia en todas partes.” — Martin Luther King Jr.

ESPERANZA, VALVERDE. — En un municipio donde los maestros suelen ser conocidos mucho más allá de las paredes de las escuelas, el caso del profesor Miguel Antonio Solís ha comenzado a trascender los límites de un expediente judicial para convertirse en una conversación pública sobre reputación, justicia, protección de la niñez y debido proceso.

Para este viernes 11 de septiembre fue convocada en Esperanza una marcha para solicitar la libertad del educador y exigir el esclarecimiento de su situación judicial. La convocatoria estableció como punto de partida la rotonda de la Zona Franca y como destino el Juzgado de Paz del municipio.

La movilización llega después de días de expresiones públicas de solidaridad provenientes de familiares, vecinos, educadores y personas que aseguran conocer al profesor desde hace años.

Pero detrás de las pancartas, los testimonios y el respaldo comunitario existe un expediente judicial que exige algo diferente de la opinión pública: pruebas, procedimientos y decisiones tomadas dentro de un tribunal.

Y allí comienza la parte más delicada de esta historia.

UNA INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA A UN MENOR

Informaciones publicadas por varios medios de la provincia indican que Miguel Antonio Solís fue detenido en agosto en cumplimiento de una orden judicial relacionada con una investigación que involucra a una mujer y a un menor de edad.

La orden de arresto número 672-2026 habría sido emitida el 24 de agosto por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Valverde. El arresto se produjo posteriormente como parte de las actuaciones de la División Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar, conocida como DEAMVI.

La identidad del menor debe permanecer protegida.

Esperanza33 tampoco publicará detalles que puedan conducir directa o indirectamente a su identificación.

Este principio es fundamental.

Cuando un proceso judicial involucra a un niño, el interés informativo de una comunidad nunca puede estar por encima de su derecho a la intimidad y protección.

Pero existe otro principio igualmente esencial en un Estado de derecho: una persona investigada o acusada no se convierte automáticamente en culpable por el hecho de haber sido arrestada.

La responsabilidad penal solo puede establecerse mediante el proceso correspondiente y una decisión de las autoridades judiciales competentes.

UNA COMUNIDAD QUE CONOCE AL PROFESOR

La detención produjo una reacción que rápidamente salió de los tribunales y llegó a las calles de Esperanza.

Familiares, amigos, vecinos y miembros de la comunidad educativa han expresado públicamente su respaldo al profesor y han solicitado una investigación exhaustiva. Un hermano del educador confirmó previamente que Solís permanecía detenido mientras se desarrollaba el proceso y pidió que los hechos fueran esclarecidos antes de establecer responsabilidades.

También se realizó una vigilia en la que participaron personas vinculadas al sector educativo. Entre quienes expresaron públicamente su respaldo estuvieron Arelys Almonte, identificada como presidenta de la seccional de Esperanza de la Asociación Dominicana de Profesores, y la maestra Albertina Toribio.

La reacción resulta comprensible en una comunidad relativamente pequeña.

Cuando una persona ha ocupado durante años una posición pública —especialmente dentro de una escuela— su arresto no afecta solamente a su familia. También confronta a quienes creen conocerla.

Surgen entonces recuerdos, testimonios y preguntas.

Pero la justicia funciona bajo reglas diferentes.

El buen concepto que una comunidad tenga sobre una persona no constituye una prueba de inocencia. Y una acusación, por grave que sea, tampoco constituye por sí sola una prueba definitiva de culpabilidad.

Entre esas dos verdades debe caminar ahora Esperanza.

NI LAS CALLES CONDENAN NI LAS CALLES ABSUELVEN

Ese quizá sea el desafío más importante alrededor del caso.

Una sociedad tiene derecho a manifestarse.

Los ciudadanos pueden pedir transparencia, reclamar respeto al debido proceso, cuestionar una medida judicial y expresar solidaridad con una persona que conocen.

Pero una manifestación no puede sustituir un tribunal.

De la misma manera, las redes sociales tampoco deberían convertirse en tribunales paralelos donde una persona sea condenada antes de que se conozcan las pruebas o donde una posible víctima sea desacreditada porque el acusado tenga reconocimiento social.

La obligación de las autoridades es investigar.

La obligación de la Justicia es valorar las pruebas.

La obligación de la sociedad es permitir que ambas cosas ocurran sin intimidación, sin linchamientos públicos y sin convertir la popularidad de ninguna de las partes en evidencia.

EL DERECHO DEL MENOR Y EL DERECHO DEL ACUSADO PUEDEN COEXISTIR

En momentos como este suele aparecer una falsa elección: creer que proteger al menor significa asumir inmediatamente la culpabilidad del acusado, o que defender el debido proceso significa ignorar la denuncia.

No debería ser así.

Un menor potencialmente afectado tiene derecho a protección absoluta.

Una denuncia tiene derecho a ser investigada seriamente.

Y Miguel Solís tiene derecho a defenderse, a conocer las evidencias presentadas en su contra y a conservar la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia definitiva.

Esos derechos no son incompatibles.

Son precisamente las garantías que distinguen a un sistema de justicia de un juicio popular.

AHORA LE CORRESPONDE HABLAR A LA JUSTICIA

La marcha convocada en Esperanza demuestra que el caso ya ha adquirido una dimensión social considerable.

Pero después de las consignas permanecerán las preguntas.

¿Qué elementos llevaron al Ministerio Público a impulsar el proceso?

¿Qué evidencias existen?

¿Qué argumentos ha presentado la defensa?

¿Cuáles fueron las razones utilizadas por el tribunal para establecer las medidas correspondientes?

¿Y cuánto tiempo necesitará el sistema judicial para esclarecer un caso que ya divide opiniones dentro de una comunidad?

Estas preguntas no deben responderse mediante rumores.

Tampoco mediante publicaciones anónimas en las redes sociales.

Deben responderse con documentos, evidencias y decisiones judiciales.

Esperanza tiene derecho a conocer la verdad.

El menor involucrado tiene derecho a ser protegido.

La persona denunciante tiene derecho a ser escuchada.

Miguel Antonio Solís tiene derecho a defenderse.

Y una comunidad que hoy marcha por alguien a quien conoce también debe tener la madurez suficiente para comprender que defender el debido proceso no significa decidir de antemano cuál debe ser el resultado del proceso.

Porque al final, una sociedad justa no demuestra su fortaleza cuando decide rápidamente quién es culpable o quién es inocente.

La demuestra cuando es capaz de proteger al vulnerable, investigar al acusado y esperar las pruebas antes de dictar sentencia.

Eso es precisamente lo que ahora se le exige a la Justicia en Esperanza.