“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad nunca será otra cosa que mala.”
— Albert Camus

Durante décadas, los periódicos financiaron sus redacciones mediante una fórmula relativamente sencilla: vender ejemplares, captar suscriptores y ofrecer espacios publicitarios a empresas interesadas en llegar hasta sus lectores.

Ese modelo permitió sostener corresponsales, fotógrafos, editores, investigadores y periodistas locales capaces de asistir a una sesión municipal, examinar un presupuesto público o formular las preguntas que una autoridad preferiría no responder.

Pero aquella estructura económica se está desmoronando.

Medios de comunicación, asociaciones periodísticas y especialistas de distintas partes del mundo están advirtiendo que el periodismo atraviesa una crisis financiera que ya no amenaza solamente a las empresas informativas. También comienza a debilitar el derecho de las comunidades a recibir información confiable, independiente y producida profesionalmente.

LA PUBLICIDAD CRECE, PERO NO NECESARIAMENTE EN LOS MEDIOS

La publicidad digital no ha desaparecido. Por el contrario, continúa creciendo.

En Estados Unidos, los ingresos de la industria publicitaria digital alcanzaron aproximadamente 294,600 millones de dólares durante 2025, un crecimiento interanual del 13.9 %, según un informe de IAB y PwC. Sin embargo, el crecimiento general del mercado digital no significa que los periódicos, las emisoras y los medios independientes estén recibiendo una proporción suficiente de esos recursos.

Una parte importante de la inversión publicitaria se ha desplazado hacia buscadores, redes sociales, plataformas de video y grandes compañías tecnológicas que controlan la distribución, los datos de los usuarios y los sistemas mediante los cuales se decide qué contenido aparece primero.

El medio produce la noticia, paga al periodista, verifica los datos y asume la responsabilidad editorial. Sin embargo, con frecuencia es otra plataforma la que controla la audiencia, administra la publicidad y obtiene el mayor beneficio económico.

La consecuencia puede verse con mayor claridad en el periodismo local.

El informe State of Local News 2025, de la Universidad Northwestern, identificó 213 condados estadounidenses sin una fuente local de noticias y otros 1,524 con apenas un medio informativo. En conjunto, alrededor de 50 millones de personas viven en comunidades con acceso limitado o inexistente a información periodística local.

Cuando desaparece un periódico comunitario no solamente se pierde una empresa. Desaparece una memoria colectiva. Se reducen las investigaciones sobre contratos públicos, se debilita la vigilancia sobre las autoridades y disminuye la cobertura de escuelas, hospitales, tribunales, negocios y organizaciones comunitarias.

El silencio que queda suele ser ocupado por rumores, propaganda, publicaciones sin verificar o páginas creadas únicamente para generar visitas.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CAMBIA LAS REGLAS

La inteligencia artificial no creó por sí sola la crisis del periodismo. La caída de la circulación impresa, la reducción de los anuncios tradicionales, la dependencia de las redes sociales y la fragmentación de las audiencias comenzaron mucho antes.

Pero la inteligencia artificial puede acelerar el problema.

Los nuevos buscadores y asistentes digitales son capaces de leer múltiples publicaciones, resumirlas y entregar una respuesta directamente al usuario. La persona obtiene la información sin necesidad de visitar el sitio que realizó el trabajo original.

Para el público, esto puede parecer cómodo. Para el medio, significa menos visitas, menos oportunidades de mostrar publicidad, menos suscripciones potenciales y una relación cada vez más distante con sus propios lectores.

Una encuesta del Reuters Institute entre ejecutivos de medios encontró que los editores esperan que el tráfico procedente de los buscadores disminuya aproximadamente un 43 % durante los próximos tres años. El informe también indicó que las visitas enviadas por Google Search a los medios ya habían descendido alrededor de un tercio a escala global.

Al mismo tiempo, el consumo de noticias mediante asistentes de inteligencia artificial comienza a crecer. El Digital News Report 2026 señala que el 10 % de los encuestados utiliza chatbots para informarse, frente al 7 % del año anterior. Entre los menores de 35 años, la proporción alcanza el 16 %.

Todavía son cifras minoritarias, pero muestran la dirección del cambio.

Durante años, los medios dependieron de que los ciudadanos hicieran clic en un titular para llegar hasta una página. Ahora comienza a surgir una internet donde el usuario formula una pregunta y recibe una respuesta elaborada con información extraída de numerosas fuentes, muchas veces sin conocer quién investigó los hechos originalmente.

¿QUIÉN PAGARÁ POR INVESTIGAR?

La pregunta fundamental no es si una máquina puede resumir una noticia.

La verdadera pregunta es quién financiará la búsqueda de esa información.

Una inteligencia artificial puede explicar un informe público después de que alguien lo encontró, lo leyó y lo convirtió en noticia. Puede resumir una investigación, pero no necesariamente asistir a una reunión comunitaria, entrevistar a una familia afectada, revisar cientos de documentos, proteger una fuente confidencial o enfrentar las presiones políticas y económicas que acompañan al periodismo de investigación.

Sin periodistas produciendo información original, los sistemas automatizados terminarían procesando versiones repetidas de contenido antiguo, incompleto o no verificado.

También existen preocupaciones sobre el uso de artículos, fotografías y archivos periodísticos para entrenar sistemas comerciales sin autorización o compensación suficiente. Organizaciones internacionales de medios han reclamado transparencia, reconocimiento de las fuentes y acuerdos económicos justos para los propietarios del contenido periodístico.

Algunos medios negocian licencias con empresas de inteligencia artificial. Otros han iniciado demandas o solicitado nuevas regulaciones. Sin embargo, no existe todavía un modelo universal que garantice que los ingresos generados por estas tecnologías regresen de manera proporcional a las redacciones que producen la información.

Solo una quinta parte de los ejecutivos consultados por el Reuters Institute considera que las licencias de contenido para plataformas de inteligencia artificial podrían convertirse en una fuente sustancial de ingresos. Casi la mitad espera que representen únicamente una contribución menor.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TAMBIÉN PUEDE SER UNA HERRAMIENTA

La relación entre el periodismo y la inteligencia artificial no tiene que ser únicamente de confrontación.

Utilizada bajo supervisión humana, la tecnología puede ayudar a transcribir entrevistas, organizar documentos, analizar grandes bases de datos, traducir contenidos, personalizar boletines, detectar patrones y reducir tareas administrativas.

El peligro aparece cuando la eficiencia se convierte en excusa para sustituir indiscriminadamente a periodistas, eliminar controles editoriales o publicar información automatizada sin revelar su origen.

Una redacción puede utilizar inteligencia artificial y continuar defendiendo sus principios. Pero necesita reglas claras: verificación humana, identificación del contenido automatizado, protección de las fuentes, respeto a los derechos de autor y responsabilidad editorial sobre todo lo publicado.

La confianza no se puede automatizar.

UN PROBLEMA QUE PERTENECE A TODA LA SOCIEDAD

La crisis financiera del periodismo suele presentarse como un problema empresarial. No lo es únicamente.

Cuando un supermercado cierra, los consumidores pueden buscar otro establecimiento. Cuando desaparece el único medio que vigila una comunidad, no siempre existe un sustituto.

Sin cobertura profesional, las decisiones públicas pueden tomarse con menor escrutinio. Los casos de corrupción pueden permanecer ocultos. Las campañas electorales pueden depender más de la propaganda. Los ciudadanos reciben más contenido, pero menos información comprobada.

La UNESCO ha advertido que la viabilidad económica de los medios independientes es una condición necesaria para proteger el periodismo de interés público. Una prensa financieramente frágil es más vulnerable a la censura, las presiones empresariales, la influencia política y la autocensura.

Salvar el periodismo requerirá más que nostalgia por los periódicos impresos.

Los medios tendrán que diversificar sus ingresos mediante suscripciones, membresías, eventos, servicios especializados, donaciones, alianzas y publicidad directa. Las plataformas tecnológicas deberán ofrecer mayor transparencia y una compensación justa por el contenido que utilizan. Los gobiernos tendrán que proteger la competencia sin controlar las líneas editoriales.

Y los ciudadanos deberán comprender que la información confiable tiene un costo.

El periodismo no puede depender eternamente de que otras industrias paguen por él mientras el público espera recibirlo gratuitamente. Investigar, verificar, entrevistar, editar, fotografiar y publicar requiere tiempo, conocimiento y recursos.

La inteligencia artificial puede transformar la manera en que se distribuyen las noticias. Puede acelerar procesos y ampliar el acceso a la información. Pero no debería convertirse en una maquinaria que consume el trabajo de los medios hasta dejar sin recursos a quienes producen las noticias.

Porque cuando una redacción cierra, la pérdida no pertenece únicamente a sus propietarios o empleados.

La pierde toda la comunidad.

Y cuando el periodismo deja de formular preguntas, quienes ejercen el poder comienzan a responder cada vez menos.

“La identidad no es solo un documento: es la puerta de entrada a los derechos, los servicios y la participación ciudadana.”

La Junta Central Electoral informó que ya alcanzó la cifra de dos millones de documentos de identidad entregados como parte del proceso nacional de renovación de la cédula, un avance significativo dentro de una operación que afecta directamente la vida civil, económica y democrática de millones de dominicanos.

El dato representa más que una meta administrativa. La cédula constituye el principal instrumento de identificación de los ciudadanos y es indispensable para realizar trámites bancarios, acceder a servicios públicos, formalizar contratos, ejercer el derecho al voto y gestionar numerosos procedimientos ante instituciones estatales y privadas.

Al superar los dos millones de documentos entregados, la Junta Central Electoral presenta el proceso como una señal de avance en la modernización del sistema de identidad dominicano. Sin embargo, el verdadero impacto de la renovación no dependerá únicamente de la cantidad de documentos emitidos, sino también de la capacidad institucional para garantizar que el proceso continúe de manera organizada, segura y accesible.

Para miles de personas, especialmente adultos mayores, ciudadanos con limitaciones de movilidad y residentes de comunidades alejadas, obtener una nueva cédula puede convertirse en un desafío logístico. La disponibilidad de centros, la orientación adecuada, el tiempo de espera y la claridad de los requisitos serán factores determinantes para que la renovación llegue a todos los sectores de la población.

También será fundamental mantener altos niveles de seguridad. En una época marcada por el crecimiento de los fraudes digitales, la suplantación de identidad y el uso indebido de datos personales, cualquier actualización del documento nacional debe acompañarse de mecanismos confiables de protección, verificación y resguardo de la información ciudadana.

La renovación de la cédula representa, además, una oportunidad para depurar y actualizar el registro de identidad del país. Un sistema moderno puede facilitar la validación de datos, mejorar la prestación de servicios y fortalecer la confianza entre los ciudadanos y las instituciones.

Pero el número de documentos entregados no debe convertirse únicamente en una cifra para destacar. La transparencia sobre los costos del proceso, los plazos de ejecución, la cobertura territorial y los mecanismos de protección de datos será esencial para evaluar sus resultados de manera completa.

Alcanzar los dos millones de cédulas entregadas es un paso importante. El reto que permanece es asegurar que cada ciudadano pueda completar el proceso sin obstáculos innecesarios y que el nuevo documento se convierta verdaderamente en una herramienta de inclusión, seguridad y modernización.

Porque detrás de cada cédula entregada existe una persona que necesita demostrar quién es, ejercer sus derechos y participar plenamente en la sociedad dominicana.

“Una política económica no se mide por la fuerza de sus anuncios, sino por el alivio que finalmente llega a la mesa de las familias.”

SANTO DOMINGO.— El Gobierno dominicano ha presentado su Plan Anticrisis como una respuesta integral frente a un escenario internacional marcado por la incertidumbre, el aumento de los costos de producción y la presión que ejercen los combustibles y las materias primas sobre las economías familiares.

La iniciativa, defendida por el presidente Luis Abinader, promete fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, proteger el poder adquisitivo de la clase media y conservar el ritmo de crecimiento económico de la República Dominicana.

El planteamiento parte de una realidad difícil de ignorar: cuando aumenta el precio del petróleo, el transporte se encarece; cuando sube el transporte, también lo hacen los alimentos, los materiales de construcción y buena parte de los productos que diariamente necesitan los hogares.

En un país altamente dependiente de las importaciones, una crisis internacional puede sentirse rápidamente en los colmados, las estaciones de combustible, las pequeñas empresas y el presupuesto de las familias.

UN ALIVIO PARA LAS MIPYMES

Uno de los puntos centrales del plan es la reducción de la carga tributaria sobre las micro y pequeñas empresas, un sector que genera empleos, sostiene comunidades y representa una parte fundamental de la actividad económica nacional.

El Gobierno anunció la eliminación del anticipo del Impuesto sobre la Renta para las microempresas. Las pequeñas empresas, por su parte, pasarían de realizar doce pagos al año a solamente tres. El sector agropecuario también quedaría exento de determinados anticipos y del impuesto a los activos.

La medida podría ofrecer mayor liquidez a negocios que frecuentemente deben escoger entre pagar impuestos por adelantado, comprar mercancías, cubrir la nómina o mantener abiertas sus operaciones.

Para una gran compañía, una obligación tributaria puede representar una línea dentro de un presupuesto amplio. Para un pequeño comerciante, un emprendedor o un productor agrícola, puede significar la diferencia entre continuar trabajando o cerrar sus puertas.

El desafío será garantizar que estos beneficios no se queden atrapados en procedimientos burocráticos y que realmente lleguen a los negocios que más los necesitan.

LA CLASE MEDIA EN EL CENTRO DEL DISCURSO

El Plan Anticrisis también contempla actualizar el monto de ingresos exento del Impuesto sobre la Renta para las personas físicas, elevándolo de RD$34,685 a RD$39,900 mensuales. Además, propone aumentar las deducciones permitidas por gastos educativos. Estas disposiciones entrarían en vigor en enero de 2027.

El Gobierno sostiene que estas medidas permitirán que una parte mayor del salario permanezca en los hogares dominicanos.

Sin embargo, la protección de la clase media no depende únicamente de pagar menos impuestos. También exige controlar el costo de los alimentos, la vivienda, la energía eléctrica, el transporte, la educación y los servicios de salud.

La verdadera efectividad del plan deberá medirse en la vida cotidiana: en cuánto dinero conserva una familia después de pagar sus obligaciones y en cuántas necesidades puede cubrir con sus ingresos.

COMBUSTIBLES Y PRESIÓN INTERNACIONAL

El presidente Abinader afirmó que los subsidios estatales evitaron que los aumentos internacionales de los combustibles fueran transferidos completamente a los consumidores dominicanos.

Según explicó, mientras los precios internacionales llegaron a incrementarse alrededor de un 80 %, el ajuste aplicado en el mercado local fue cercano al 16 %. También señaló que la República Dominicana importa aproximadamente el 70 % de las gasolinas y otros productos refinados que consume.

Durante la semana del 11 al 17 de julio de 2026, el Gobierno dispuso una reducción de RD$3 por galón en la gasolina regular y el gasoil regular, y de RD$2 en el gas licuado de petróleo. Con esas rebajas, los combustibles regulares acumularon una disminución de RD$8 por galón en dos semanas.

Estas reducciones representan un respiro, pero todavía queda por demostrar si producirán una disminución perceptible en los costos de transporte, los alimentos y otros bienes esenciales.

Con frecuencia, los precios aumentan rápidamente cuando suben los combustibles, pero no siempre descienden con la misma velocidad cuando estos se abaratan.

QUIÉNES PAGARÁN EL PLAN

La propuesta fue estructurada alrededor de cuatro áreas principales: crecimiento económico, simplificación tributaria, combate contra la evasión y consolidación de las finanzas públicas.

El proyecto mantuvo sin modificaciones el ITBIS y excluyó a las mipymes de nuevas cargas tributarias. Sin embargo, estableció temporalmente una sobretasa sobre el Impuesto sobre la Renta de las grandes empresas con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. También incluyó ajustes al impuesto sobre cheques y transferencias, pasajes aéreos, casinos, juegos de azar y cigarrillos electrónicos.

El Gobierno ha presentado esta distribución como una política progresiva, bajo el argumento de que las mayores contribuciones deben recaer sobre quienes poseen una capacidad económica superior.

Aun así, será necesario vigilar que esas nuevas cargas no sean transferidas indirectamente al consumidor mediante aumentos de precios, comisiones o reducción de empleos.

EL CRECIMIENTO DEBE LLEGAR A LOS HOGARES

El presidente sostiene que la República Dominicana continúa registrando un crecimiento económico superior al 4 % anual, impulsado por sectores como el turismo, las zonas francas, la construcción, las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera.

Pero el crecimiento económico, por sí solo, no garantiza bienestar colectivo.

Una economía puede crecer mientras numerosas familias continúan reduciendo sus compras, aplazando consultas médicas, acumulando deudas o buscando un segundo empleo para cubrir sus necesidades.

La estabilidad macroeconómica resulta indispensable, pero debe traducirse en salarios con mayor poder adquisitivo, empleos dignos, pequeños negocios rentables, servicios públicos eficientes y oportunidades reales de progreso.

El Plan Anticrisis contiene medidas que podrían favorecer a sectores productivos y aliviar determinadas cargas fiscales. Sin embargo, su éxito no estará determinado por las ruedas de prensa ni por la cantidad de disposiciones aprobadas.

La evaluación más importante ocurrirá en las calles, los mercados, las fincas, los talleres, los colmados y los hogares.

Allí será donde el país comprobará si el plan fue verdaderamente una estrategia para proteger a la población o simplemente otro conjunto de promesas bien presentadas.

Porque ante una crisis, gobernar no consiste únicamente en evitar que los indicadores económicos caigan. También significa impedir que las familias dominicanas sean quienes terminen pagando, una vez más, el precio más alto.