SANTIAGO HAZIM CONTINUARÁ PROCESO SENASA RECLUIDO EN LAS PARRAS

“La justicia no solo debe hacerse: debe verse hacerse.”

La decisión de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional de mantener los 18 meses de prisión preventiva contra el exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más sensibles de los últimos años en la administración pública dominicana.

Hazim fue arrestado la tarde del sábado 6 de diciembre, tras acudir voluntariamente a la sede del Ministerio Público para ser interrogado por supuestas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la institución. Horas más tarde, su detención fue confirmada. Casi dos meses después, en los primeros minutos de la madrugada del 5 de febrero, el tribunal rechazó su recurso de apelación, ratificando la medida de coerción.

Al leer la motivación de la decisión, la jueza presidenta Isis Muñiz subrayó que limitar la prisión preventiva únicamente a la fase preparatoria de la investigación desnaturalizaría su función procesal. Según explicó, esta herramienta ha sido validada por el ordenamiento constitucional siempre que respete los plazos máximos establecidos por la ley.

Junto a Hazim, continuarán en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y en Najayo Mujeres varios exfuncionarios vinculados al caso: Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz (exgerente financiero), Germán Rafael Robles Quiñones (exconsultor jurídico), Francisco Iván Minaya Pérez (gerente de salud), Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El tribunal también decidió mantener el arresto domiciliario, el impedimento de salida del país, la presentación periódica y la garantía económica para Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read. Estas medidas fueron confirmadas tras rechazar la apelación presentada por una de las partes querellantes que buscaba endurecer las condiciones y trasladarlos a prisión preventiva.

El procurador adjunto Wilson Camacho calificó la decisión como un respaldo a la solidez de la investigación. Afirmó que el Ministerio Público considera la presunta afectación a Senasa como “calamitosa y sumamente grave” y reiteró que todos los involucrados en el entramado serán llevados ante los tribunales. Además, adelantó que próximamente se ofrecerán detalles adicionales bajo lo que denominó “Senasa 2.0”.

Según las investigaciones oficiales, la estructura operó entre 2020 y 2025 y habría defraudado al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos dentro del sistema público de riesgos de salud. Los imputados enfrentan cargos que incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos.

El caso continúa desarrollándose en un clima de alta expectativa pública, donde el desenlace judicial será observado como una prueba crucial sobre la capacidad institucional del país para procesar alegaciones de corrupción a gran escala.