TRANSPARENCIA EN CIFRAS: EL DEBATE PRESUPUESTARIO QUE SACUDE AL CONCEJO DE ESPERANZA

“La claridad es la cortesía del poder.” (José Ortega y Gasset)

El Concejo de Regidores del municipio de Esperanza vuelve a situarse en el centro de una discusión que trasciende lo técnico y roza lo institucional: la forma en que se construyen, presentan y explican los presupuestos públicos. La regidora María Elena Pérez, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ofreció declaraciones que han encendido el debate sobre la formalidad administrativa y la transparencia en el manejo de fondos municipales.

Durante su intervención, Pérez subrayó un principio que considera esencial para la gestión pública: “Las cosas no se dicen, se escriben.” Su afirmación no fue retórica. Se apoyó en la revisión de un expediente remitido por el ejecutivo municipal al Concejo, relativo a un presupuesto elaborado por el ingeniero Roberto Pérez para la terminación de una obra, cuyo monto asciende a RD$ 8,560,000.00.

Según la regidora, al verificar la documentación, los regidores identificaron que la cantidad disponible para ejecutar el proyecto sería de RD$ 8,044,000.00. La diferencia aproximadamente medio millón de pesos abrió una interrogante central: de dónde provendrían los recursos faltantes para completar el monto presentado. Para Pérez, la omisión de esa explicación no es un detalle menor, sino un síntoma de una práctica administrativa que, a su juicio, debilita la confianza institucional.

“Esta solicitud debió llegar con esa información”, sostuvo, al tiempo que criticó lo que describió como una costumbre de enviar expedientes con escaso sustento explicativo. En sus palabras, el municipio necesita transparencia, y la transparencia solo se logra mediante formalidad documental y evidencia verificable.

El documento adjunto emitido por el Concejo de Regidores refleja precisamente una preocupación por la consistencia técnica y financiera de los presupuestos. En él se detallan observaciones sobre posibles sobreestimaciones de costos y la necesidad de evaluaciones independientes que respalden cualquier decisión administrativa. Más que un simple intercambio político, el episodio revela una tensión estructural entre la urgencia de ejecutar obras y la obligación de justificar cada peso invertido.

En un municipio donde las demandas de infraestructura compiten con recursos limitados, el debate no es trivial. Se trata de establecer estándares de gobernanza que permitan que los procesos administrativos sean no solo legales, sino comprensibles para la ciudadanía. La discusión abierta por la regidora Pérez coloca sobre la mesa una pregunta que trasciende a una gestión específica: cómo construir instituciones locales donde la escritura, la evidencia y la trazabilidad del dinero público sean la norma, y no la excepción.

El futuro inmediato del proyecto en cuestión dependerá de nuevas aclaraciones técnicas y presupuestarias. Pero el impacto político ya es visible: en Esperanza, la conversación sobre transparencia ha dejado de ser abstracta y ahora tiene cifras, firmas y documentos concretos. Y en la política municipal, pocas cosas pesan tanto como los números cuando se ponen por escrito.