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TRIBUNAL DEJA EN LIBERTAD BAJO FIANZA A HOMBRE INVESTIGADO POR PRESUNTAS AMENAZAS CONTRA EL PRESIDENTE ABINADER

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“La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales”. — John Rawls, filósofo estadounidense.

Un tribunal de San Francisco de Macorís rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, investigado por un supuesto plan para atentar contra el mandatario dominicano. La decisión establece una garantía económica de un millón de pesos y estrictas medidas de supervisión mientras continúan las investigaciones.

SAN FRANCISCO DE MACORÍS, República Dominicana. — Un caso que ha despertado preocupación por sus posibles implicaciones para la seguridad presidencial dio un giro judicial el viernes 13 de noviembre, cuando un tribunal de la provincia Duarte decidió no imponer prisión preventiva a un hombre investigado por presuntas amenazas contra el presidente Luis Abinader.

El imputado, identificado como Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, podrá enfrentar el proceso en libertad una vez cumpla las condiciones establecidas por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.

La resolución, dictada por el juez Wilton Oniel Peguero, impone una garantía económica de un millón de pesos dominicanos en efectivo, presentación periódica cada 15 días ante el Ministerio Público, restricciones de desplazamiento y la obligación de permanecer bajo el cuidado y vigilancia de su padre durante seis meses.

La decisión contrasta con la posición del Ministerio Público, que había solicitado prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados.

UNA INVESTIGACIÓN QUE COMENZÓ CON ALERTAS DE INTELIGENCIA

Según las autoridades, el expediente tuvo su origen en informaciones recibidas por organismos de inteligencia sobre presuntas amenazas dirigidas contra la figura del presidente de la República.

Esas alertas dieron paso a una investigación coordinada por el Ministerio Público, con la colaboración de la División de Investigaciones de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Las pesquisas condujeron a la detención de De la Cruz Sosa mediante una orden judicial ejecutada durante un allanamiento a su residencia, ubicada en el segundo nivel de una vivienda de la calle Joaquín Balaguer, en el sector Vista del Valle, de San Francisco de Macorís.

Los investigadores también intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento comercial situado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde trabajaba el imputado.

De acuerdo con la documentación judicial, las autoridades buscaban identificar equipos electrónicos, posibles armas, materiales relacionados con explosivos y cualquier elemento que pudiera aportar información sobre las supuestas amenazas.

Durante los allanamientos fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que permanecen bajo evaluación como parte del proceso investigativo.

Sin embargo, la ocupación de esos materiales no constituye, por sí misma, una demostración de que existiera un plan operativo para cometer un atentado.

LA HIPÓTESIS DE UN POSIBLE ATENTADO PRESIDENCIAL

Los documentos judiciales citados por medios nacionales señalan que la investigación también examina un supuesto plan para atentar contra el mandatario durante la conmemoración del Día de la Constitución, el 6 de noviembre de 2026.

El Ministerio Público atribuye al imputado presuntas conductas relacionadas con la planificación de actos terroristas, una acusación que exige pruebas suficientes y deberá ser examinada en las etapas correspondientes del proceso judicial.

La gravedad de la hipótesis investigada explica el interés que ha generado el expediente, particularmente por tratarse de la seguridad de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

No obstante, hasta el momento, las afirmaciones sobre un presunto atentado forman parte de la investigación y no representan hechos judicialmente demostrados.

UNA DECISIÓN JUDICIAL QUE NO CIERRA EL CASO

La resolución del tribunal no equivale a una absolución ni supone que las investigaciones hayan concluido.

Al imponer medidas de coerción distintas a la prisión preventiva, el juez permitió que el imputado permanezca vinculado al proceso bajo condiciones destinadas a garantizar su comparecencia ante las autoridades.

La garantía económica deberá ser depositada conforme a las disposiciones judiciales antes de que el investigado pueda recuperar su libertad.

Mientras tanto, el Ministerio Público podrá continuar con el análisis de los dispositivos electrónicos, las sustancias ocupadas y otros elementos que considere pertinentes para determinar si existen fundamentos suficientes para sostener una acusación formal.

El caso también vuelve a colocar bajo atención pública el delicado equilibrio entre la seguridad del Estado y las garantías fundamentales de quienes son sometidos a una investigación penal.

ENTRE LA SEGURIDAD PRESIDENCIAL Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Las amenazas contra un jefe de Estado constituyen un asunto de especial sensibilidad institucional. Su investigación exige rigor, coordinación entre organismos de seguridad y una respuesta ajustada al marco legal.

Pero la naturaleza de una acusación, por grave que sea, no elimina el principio de presunción de inocencia ni sustituye la obligación de demostrar los hechos mediante pruebas.

En este expediente, la justicia dominicana tendrá que determinar si los indicios recopilados por los investigadores permiten establecer responsabilidades penales o si las sospechas iniciales carecen de sustento suficiente.

Por ahora, De la Cruz Sosa continúa sometido a un proceso judicial cuya resolución definitiva permanece pendiente.

La pregunta central ya no es solamente qué descubrieron los organismos de inteligencia, sino qué podrán demostrar las autoridades ante un tribunal.

Y será esa diferencia, entre una sospecha investigada y un hecho probado, la que termine definiendo el desenlace del caso.


Esperanza33.com | Nacionales — Justicia y Seguridad

Información basada en reportes del Ministerio Público y publicaciones de medios nacionales del 13 al 15 de noviembre de 2026.

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