“La transparencia no se demuestra anunciando obras, sino explicando dónde está cada peso y a quién realmente beneficia.”

Han pasado siete meses desde que el Concejo de Regidores del municipio de Esperanza diera entrada a una partida de RD$6 millones 600 mil pesos provenientes de la Liga Municipal Dominicana para la construcción de contenes, aceras y badenes en cinco sectores previamente seleccionados. Sin embargo, según denuncias públicas recientes, la alcaldía apenas se encuentra interviniendo uno de esos barrios: el sector Paraíso.

Mientras tanto, residentes de los demás sectores continúan enfrentando dificultades estructurales, calles deterioradas y carencias básicas sin ver el inicio de los trabajos prometidos.

La situación ha generado cuestionamientos dentro del propio escenario municipal. La regidora María Elena Pérez Núñez informó públicamente que el Concejo de Regidores emitió una comunicación formal solicitando detalles sobre la distribución de los recursos, incluyendo cuánto dinero será destinado a cada comunidad y cuántos metros de aceras, contenes y badenes serán construidos en cada sector.

Hasta el momento, según explicó la edil, no se ha recibido respuesta oficial.

Las inquietudes también han comenzado a trasladarse directamente a las comunidades. De acuerdo con la publicación realizada por Pérez Núñez, representantes municipales y comunitarios se encuentran reuniéndose con juntas de vecinos para informarles que están exigiendo y solicitando la intervención de los sectores incluidos en la partida presupuestaria.

Entre las principales interrogantes planteadas públicamente figuran:

¿Por qué, si los fondos fueron aprobados hace siete meses, todavía no se han ejecutado las obras en los cinco barrios contemplados?

¿Cuánto dinero de los RD$6.6 millones se está invirtiendo actualmente en el sector Paraíso?

Y especialmente, ¿por qué en el sector Buenos Aires —que supuestamente está incluido dentro de los recursos asignados— se estaría solicitando a los residentes aportar 10 fundas de cemento por vivienda para construir aceras y contenes?

Las preguntas abren un nuevo debate sobre la ejecución presupuestaria municipal, la transparencia en el manejo de fondos públicos y la necesidad de que las autoridades locales ofrezcan explicaciones detalladas sobre proyectos financiados con recursos estatales destinados al desarrollo comunitario.

En una provincia donde múltiples sectores reclaman mejores condiciones de infraestructura, el retraso en obras anunciadas y la falta de información oficial continúan alimentando la preocupación entre residentes y líderes comunitarios.

“Cuando una institución pública ignora la justicia, el silencio termina convirtiéndose en una sentencia.”

La Junta Central Electoral (JCE) de la República Dominicana fue condenada por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a pagar más de US$895 mil a la empresa estadounidense Latin Events, LLC, tras comprobarse el incumplimiento de obligaciones contractuales relacionadas con servicios logísticos prestados en actividades institucionales desarrolladas en el extranjero.

La decisión fue emitida mediante la sentencia núm. 1:25-CV-02830-PKC, fechada el 21 de noviembre de 2025, en la que el tribunal federal ordenó a la JCE pagar US$838,337.50 por concepto de capital adeudado, además de intereses calculados conforme al promedio semanal del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos publicados por la Reserva Federal. A la fecha, esos intereses ascienden a aproximadamente US$57,370.00.

Según determinó el tribunal, Latin Events, LLC cumplió íntegramente con los servicios acordados, mientras que la JCE incumplió con la obligación de pago asumida contractualmente. Los trabajos estaban vinculados a operaciones logísticas realizadas fuera de territorio dominicano en el marco de actividades institucionales organizadas por el órgano electoral.

Uno de los elementos más delicados del caso fue que la sentencia fue dictada en rebeldía, luego de que la Junta Central Electoral no compareciera ante la corte ni ejerciera defensa formal durante el proceso judicial. De acuerdo con la resolución, la entidad tampoco presentó recurso alguno dentro de los plazos establecidos por la legislación del Estado de Nueva York, permitiendo que la decisión adquiriera carácter definitivo en la jurisdicción estadounidense.

El fallo coloca nuevamente bajo escrutinio internacional la gestión contractual y jurídica de instituciones públicas dominicanas que operan o realizan acuerdos en el extranjero, especialmente en escenarios donde intervienen cortes federales estadounidenses con jurisdicción sobre obligaciones comerciales internacionales.

La sentencia también podría abrir interrogantes sobre posibles mecanismos de ejecución y recuperación de fondos, así como sobre la responsabilidad administrativa derivada de la ausencia de representación legal efectiva por parte de la JCE durante el litigio.

Hasta el momento, la Junta Central Electoral no ha emitido una posición pública detallada sobre el alcance de la condena ni sobre las medidas que adoptará frente al fallo emitido por la justicia federal estadounidense.

“La transparencia no debería temerle a las preguntas cuando los recursos pertenecen al pueblo.”

Esperanza.: Una solicitud formal de acceso a información pública presentada ante la Alcaldía de Esperanza volvió a colocar sobre la mesa el debate sobre la transparencia administrativa, el acceso ciudadano a documentos oficiales y el manejo de los recursos públicos municipales.

El documento, depositado por Juan Manuel Madera a través de su representante legal, el licenciado Agustín Rodríguez, fue dirigido a la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública del cabildo y responde a una notificación previa relacionada con una prórroga en la entrega de información solicitada, así como a observaciones sobre costos de reproducción estimados en RD$15,000.

En la comunicación, fechada el 8 de mayo de 2026 y dirigida a la encargada de Libre Acceso a la Información, Marvelys Alt. Castro, se solicita que la documentación requerida sea entregada en formato digital, argumentando principios de economía, eficiencia administrativa y facilidad de acceso ciudadano.

Asimismo, el escrito pide que, en caso de mantenerse la necesidad de reproducción física, el Ayuntamiento entregue un desglose detallado de los costos estimados, incluyendo cantidad de páginas, costo unitario por impresión y tipo de material utilizado.

El documento cita además disposiciones contenidas en la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, señalando que los costos administrativos no deben convertirse en obstáculos para ejercer el derecho ciudadano a conocer cómo se utilizan los fondos públicos.

Sin embargo, el proceso tomó un giro más delicado luego de que, según relató el abogado Agustín Rodríguez, surgieran dificultades al momento de intentar depositar formalmente la comunicación en el Ayuntamiento.

“Estamos dando con un tigueraje que hay en ese ayuntamiento sobre discusiones para que me lo pusieran el sello y no lo quisieron aceptar; que mañana, que el lunes, que vaya para ponerle sello porque no está ahí supuestamente”, expresó Rodríguez, quien sirve de enlace legal debido a que Juan Manuel Madera se encuentra fuera de la República Dominicana.

Las declaraciones aumentaron la tensión alrededor del caso y alimentaron cuestionamientos sobre los procedimientos internos de recepción documental dentro de la institución municipal.

Juan Manuel Madera explicó que el objetivo de este proceso no responde a intereses personales ni políticos, sino al interés de que la comunidad de Esperanza conozca de manera clara cómo se manejan e invierten los recursos provenientes del dinero público.

“Queremos que nuestra comunidad esté al tanto de cómo se utilizan los fondos y cómo se invierten en el municipio”, expresó.

El caso ocurre en un momento donde la transparencia institucional y el acceso a información pública se han convertido en temas de creciente interés ciudadano en distintos municipios del país, especialmente en medio de debates sobre rendición de cuentas y fiscalización de los recursos municipales.

Mientras tanto, la expectativa se mantiene sobre cuál será la respuesta oficial de la Alcaldía de Esperanza y si finalmente la información solicitada será entregada bajo los parámetros establecidos por la ley dominicana.