EL SILENCIO TAMBIÉN DECIDE: LA HORA DEL CONCEJO FRENTE AL CASO DE LA CHIMENEA

“En política, la omisión puede pesar tanto como la acción.”

El debate jurídico en torno al recurso de casación sobre las tierras del Museo de la Caña conocido popularmente como la Chimenea ha entrado en una fase que ya no es meramente procesal. Se ha convertido en una prueba pública sobre la capacidad de las instituciones municipales para proteger su patrimonio y, sobre todo, para responder ante la duda.

La pregunta que hoy circula en círculos legales y ciudadanos es directa: si el recurso fue depositado fuera de plazo, ¿qué mecanismos tiene el Ayuntamiento para corregir el rumbo? Y más aún: ¿qué papel le corresponde al Concejo de Regidores ante una situación que, según juristas consultados, podría afectar de manera irreversible un bien simbólico del municipio?

Abogados que siguen el caso sostienen que, como órgano municipal con funciones de representación y fiscalización, los regidores conservan la facultad de accionar ante el tribunal para solicitar la regularización procesal y la celebración de un nuevo juicio. No se trata de un gesto político, explican, sino de una herramienta jurídica prevista precisamente para evitar que un defecto formal cierre la puerta a una discusión de fondo.

Otro elemento añade tensión al panorama: la alegada falta de notificación al Concejo. Si se confirma, el argumento fortalecería la posibilidad de una intervención institucional de los regidores. Pero incluso antes de cualquier resolución judicial, el impacto ya es político. La ciudadanía observa, interpreta y juzga no solo los actos, sino también los silencios.

El núcleo del conflicto no reside únicamente en un calendario procesal. Reside en la percepción pública de que el patrimonio colectivo exige defensa activa. Cuando un símbolo histórico queda atrapado en un procedimiento técnico, la responsabilidad institucional se vuelve visible y medible. Cada órgano del Estado municipal queda expuesto al escrutinio ciudadano.

Los regidores enfrentan, por tanto, un momento definitorio. Su eventual intervención podría ser leída como una afirmación del rol de contrapeso que la ley les asigna. Su inacción, en cambio, alimentaría sospechas que justas o no ya circulan en la conversación pública. En política local, la narrativa suele fijarse antes que la sentencia.

Más allá de quién tenga razón en el litigio, lo que está en juego es una cuestión mayor: la confianza en que los mecanismos municipales existen para proteger los bienes que sostienen la memoria colectiva. El patrimonio no es solo tierra o estructura; es identidad, historia y continuidad.

El tribunal decidirá sobre la legalidad del recurso. Pero el juicio político el que emite la ciudadanía ya está en curso. Y en ese escenario, el Concejo tiene ante sí una oportunidad poco frecuente: demostrar que la institucionalidad local no es un trámite, sino una garantía viva.